El pasado jueves, Ivette regresó al juzgado.
Había sido multada por no llevar a sus hijos a convivir con el progenitor, a quien ella señala como su agresor.
También recibió un citatorio en el que se le advertía que, de no presentarlos a una escucha de menores, podría autorizarse el uso de la fuerza para cumplir la determinación judicial.
“Traiga al niño a hablar, pero nadie escucha”, lamentó.
Al finalizar la escucha, uno de sus hijos contó, asustado, que no le habían permitido leer su declaración antes de firmarla.
Ivette asegura que, al cuestionar al secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Familiar, Diego Gilberto Medina Mora, este responsabilizó al menor.
Durante la escucha, el niño externó que no quería convivir con el progenitor. ¿Y qué pasó? Nada, sostiene Ivette.
Dos días después, recibió otro citatorio: tenía que presentarse en Ciudad Niñez, pues había una nueva denuncia en su contra.
Ivette denuncia haber sido víctima de violencia vicaria y se ha convertido en activista a partir de su propia historia. Primero, dice, fue víctima de violencia; después comenzó una batalla ante distintas autoridades.
Ocho años de litigio
El jueves 1 de octubre regresó al Juzgado Primero de lo Familiar, al que acudió por primera vez en 2018, cuando solicitó el divorcio después de años de violencia física, psicológica y económica, según relata.
Ese año acordaron que la casa, los muebles y el coche quedarían a nombre de él, mientras ella conservaría la custodia de sus hijos.
Durante los cuatro años siguientes, sostiene, el progenitor ejerció violencia económica: cuando ella no cedía a sus condiciones, no recibía la pensión.
Las denuncias
En 2022, Ivette denunció que el progenitor sustrajo a sus hijos. La denuncia quedó registrada en una carpeta de investigación cuya referencia fue consignada por la autora de esta colaboración.
En ese momento, Belén Domínguez Zúñiga se desempeñaba, según el relato, como directora de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes en Ciudad Niñez.
Ivette afirma que fue presionada para otorgar el perdón al progenitor bajo la advertencia de que, de no hacerlo, podría perder a sus hijos.
Los menores regresaron con su madre, quien tenía la custodia por acuerdo entre las partes. Después, el progenitor solicitó ante el Juzgado Primero de lo Familiar que la custodia fuera modificada a su favor.
El juez Ernesto González Maragued conocía, de acuerdo con Ivette, los antecedentes del conflicto familiar y las denuncias presentadas.
Las convivencias con el progenitor continuaron. La autora refiere que este fue vinculado a proceso por una amenaza contra Ivette ocurrida durante una de ellas. Una vinculación a proceso no constituye una sentencia de culpabilidad.
Durante esas convivencias ocurrieron, según denuncias posteriores mencionadas por la autora, hechos que Ivette identificó como violencia sexual y física contra sus hijos.
En 2023, un familiar del progenitor fue denunciado y posteriormente vinculado a proceso por abuso sexual infantil, según la información proporcionada por Ivette. La autora refiere que el imputado murió antes de llegar a juicio.
También refiere que se había planteado un procedimiento abreviado.
Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, para autorizarlo el imputado debe, entre otros requisitos, admitir su responsabilidad por el delito que se le imputa.
La existencia de una solicitud, por sí sola, no equivale a una sentencia.
Uno de los hijos de Ivette había manifestado que no quería acudir con ese familiar y que había pedido a su padre que no lo llevara, según el testimonio recogido por la autora.
Ivette dejó de llevar a sus hijos a convivencias en el CECOFAM después de denunciar una agresión física contra uno de ellos.
Según su versión, esa denuncia no avanzó. Ivette atribuye esa actuación a Ramón Batres García, de la agencia 6, turno vespertino, de Ciudad Niñez.
Después solicitó una audiencia de tutela de derechos para cuestionar la actuación del Ministerio Público.
La audiencia, afirma, no pudo realizarse porque no se contó con un defensor público que conociera del asunto.
En ese procedimiento intervino el juez Sergio Salvador Peña Sánchez.
Ivette sostiene también que, en otro episodio, el progenitor, una familiar y su abogado intentaron llevarse a uno de los menores de la escuela.
Tras ese hecho se presentó una denuncia penal contra el padre de Ivette.
El abuelo fue acusado de haber atropellado al progenitor. Ivette relata que fue detenido afuera de su casa y frente a sus nietos por personas que, según ella, no se identificaron.
De acuerdo con su versión, el testimonio de maestras del menor indicó que el progenitor se había caído por sí mismo durante el incidente. El abuelo fue liberado.
Para Ivette, las decisiones tomadas durante estos años permitieron que la violencia continuara.
“Todo esto se pudo evitar si hubiera hecho su trabajo bien hace cinco años, si hubiera visto la violencia y hubiera tenido perspectiva de infancia”, reclama sobre la actuación judicial.
Los menores dejaron de convivir con el progenitor en 2024, según el relato.
Al año siguiente, uno de ellos contó a su madre que, durante una convivencia anterior, su padre le había dado alcohol junto con un medicamento.
El hecho fue denunciado por posible corrupción de menores.
Ese mismo año, el juez Ernesto González Maragued otorgó al progenitor visitas no supervisadas y custodia compartida, según la resolución referida por Ivette.
“Y es por culpa de Ernesto Maragued que mis hijos tuvieron que vivir más violencias porque él no las paró.
Teniendo todo el poder para hacer algo por mis crías, no hizo nada, sino lastimar más a mis infancias”, sostuvo.
Ivette afirma que el juez también redujo en un tercio la pensión alimenticia, decisión que considera injustificada.
Asimismo, asegura que durante un conversatorio el juzgador respondió “ando perdido” después de que se le formulara varias veces una pregunta relacionada con el asunto. La frase se reproduce como parte del testimonio de Ivette.
“Entonces, si tengo más coraje ya ni siquiera es con mi agresor, tengo coraje con un sistema en el que creí,
en el que creí que iba a hacer algo por mis crías y al final de cuentas no hizo nada, sino todo lo contrario, favorecer al agresor.”
Su exigencia al titular del Poder Judicial, José Luis Álvarez Pulido, es directa:
“Del juez no podemos esperar nada, puesto que no es un juzgador que tenga la capacidad. Lo que exijo es la destitución del juez y que pongan a alguien capaz”.
La protesta
Ivette considera que las instituciones no protegieron a sus hijos y decidió protestar en Ciudad Judicial.
“Entonces por eso me puse el estandarte de si no van a defender a mis hijos los defiendo yo que soy su madre”, explicó.
Tras salir de la escucha, realizó pintas y lanzó huevos en Ciudad Judicial. Con esa protesta dirigió su reclamo contra las personas servidoras públicas que, a su juicio, intervinieron sin proteger adecuadamente a sus hijos.
Fuentes
Testimonio de Ivette, recogido y documentado por Daniela Báez.
Código Nacional de Procedimientos Penales, consultado para precisar el alcance del procedimiento abreviado.
La protesta en imágenes
