Buenos días. Quiero comenzar con una pregunta muy sencilla: ¿cuánto tiempo de nuestra vida hemos perdido esta semana dentro de un automóvil, un autobús o atrapados en una avenida de Guadalajara?
Probablemente algunos de ustedes podrán responderlo de inmediato. Tal vez una hora diaria. Tal vez dos. Y si hacemos la cuenta al final de una semana, de un mes o de un año, descubrimos algo que pocas veces pensamos: el tráfico no solamente nos hace llegar tarde. También nos roba tiempo de estudio, de trabajo, de descanso y de convivencia con nuestras familias.
Pero hay una segunda pregunta que me parece todavía más importante: ¿qué sucede con el aire que respiramos mientras permanecemos detenidos, rodeados de cientos o miles de vehículos?
El problema de la movilidad en Jalisco no puede reducirse a la molestia de conducir. Es un fenómeno urbano que tiene dimensiones sociales, ambientales, económicas y jurídicas. La congestión vial afecta la vida cotidiana y, al mismo tiempo, se relaciona con las emisiones contaminantes generadas por el transporte.
Por eso, hablar de tráfico también significa hablar de calidad ambiental y de calidad de vida.
Y aquí aparece una cuestión que, como profesora de Derecho, me interesa particularmente: ¿podemos hablar de la movilidad como un derecho? La respuesta es sí. La legislación de Jalisco reconoce la movilidad y establece principios orientados hacia un sistema seguro, accesible y sostenible. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece, entre otros aspectos, la importancia de la intermodalidad y de garantizar desplazamientos seguros.
Además, en 2026 el Congreso estatal ha continuado discutiendo y aprobando modificaciones relacionadas con la movilidad y con la prestación de servicios de transporte seguros, eficientes y sostenibles.
Entonces, si existe un marco jurídico y existen políticas públicas, la pregunta ya no debería ser únicamente si hay acciones. La pregunta ciudadana es otra: ¿esas acciones están produciendo cambios suficientes en nuestra experiencia cotidiana de movilidad?
Porque una cosa es tener una ley y otra muy distinta es que una persona pueda salir de su casa y llegar a su universidad o a su trabajo en un tiempo razonable, con seguridad, sin gastar una parte excesiva de su ingreso y sin permanecer durante horas expuesta a un ambiente contaminado.
Pensemos especialmente en ustedes, los estudiantes. ¿Qué significa para un joven pasar diariamente una o dos horas adicionales trasladándose? Significa menos tiempo para estudiar, para descansar, para hacer ejercicio, para convivir. Y cuando miles de personas viven esa misma situación, dejamos de estar frente a un problema individual y comenzamos a hablar de un problema colectivo.
Por eso considero que necesitamos cambiar la manera en que discutimos el tráfico. No basta con preguntarnos cómo construir otra avenida. También tenemos que preguntarnos cómo hacer que menos personas necesiten utilizar el automóvil para desplazarse, cómo mejorar el transporte público, cómo conectar distintos medios de transporte, cómo facilitar la movilidad peatonal y ciclista y cómo planear nuestras ciudades pensando primero en las personas.
También debemos reconocer que la responsabilidad no corresponde exclusivamente a quienes conducen. La propia legislación de movilidad plantea un enfoque sistémico: quienes diseñan, construyen, gestionan, operan y utilizan la red vial comparten responsabilidades dentro del sistema de movilidad. Esto es importante porque nos obliga a dejar de pensar que el problema se resuelve simplemente diciendo: “los conductores manejan mal”.
Claro que existe responsabilidad individual. Respetar los límites de velocidad, no utilizar el teléfono mientras se conduce, respetar al peatón, mantener el vehículo en condiciones adecuadas y cumplir las reglas son acciones indispensables. Pero una política pública eficaz debe ir más allá de pedirle a cada persona que haga su parte. También debe crear condiciones para que las decisiones individuales puedan realizarse dentro de un sistema funcional.
Y aquí aparece la relación con el medio ambiente. Cuando una ciudad está permanentemente congestionada, la discusión ambiental no puede quedar separada de la discusión sobre movilidad. Necesitamos políticas coordinadas: transporte público eficiente, infraestructura adecuada, mejor planeación urbana, gestión inteligente del tránsito, movilidad activa y medidas que permitan reducir emisiones sin trasladar injustamente los costos a quienes tienen menos alternativas.
No se trata de estar a favor o en contra del automóvil. Se trata de preguntarnos si queremos una ciudad en la que el automóvil sea la única respuesta posible para trasladarnos. Una ciudad habitable debería ofrecer alternativas reales.
Quiero dejarles entonces tres preguntas. Primera: ¿cuántas horas de nuestra vida estamos perdiendo en los desplazamientos? Segunda: ¿qué consecuencias ambientales y sociales tiene esa pérdida de tiempo? Y tercera: ¿qué podemos exigir como ciudadanos y qué podemos hacer nosotros mismos para transformar esta realidad?
Estas preguntas son especialmente importantes para quienes estudian Derecho. El Derecho no debe permanecer encerrado en los códigos. También debe ayudarnos a interpretar los problemas que ocurren todos los días en nuestras calles. La movilidad, el medio ambiente, la salud, la seguridad vial y la planeación urbana son asuntos jurídicos porque involucran derechos, obligaciones y decisiones públicas.
Jalisco no necesita únicamente más automóviles circulando. Necesita mejores condiciones para que las personas puedan desplazarse. Necesita coordinación, planeación, infraestructura y evaluación de resultados. Y, sobre todo, necesita que la movilidad se entienda como una condición para ejercer otros derechos.
Porque al final la pregunta no es simplemente cuánto tardamos en llegar de un punto a otro. La verdadera pregunta es: ¿qué tipo de ciudad estamos construyendo mientras estamos detenidos?
Una ciudad donde perder dos horas diarias en el tráfico sea considerado normal, o una ciudad en la que el tiempo de las personas, su salud, su seguridad y su derecho a un ambiente sano sean realmente considerados al momento de diseñar las políticas públicas.
La movilidad no debería ser una batalla cotidiana. Debería ser una condición para vivir dignamente. Y quizá el primer paso para cambiarla sea dejar de aceptar como normal aquello que durante años hemos aprendido a soportar.
Fuentes jurídicas consultadas
Congreso del Estado de Jalisco. Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.
Congreso del Estado de Jalisco. Reformas y trabajos legislativos en materia de movilidad, 2026.