LA PREDICCIÓN SE QUEDÓ CORTA

Lo encontraron en Tapalpa.

En Jalisco.

El 22 de febrero de 2026, Fuerzas Especiales del Ejército llegaron hasta ese municipio para intentar detener a Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó ese mismo día que la operación fue planeada con trabajos de Inteligencia Militar Central e información del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República.

Participaron aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Oseguera resultó herido durante el enfrentamiento y murió durante su traslado.

El operativo cerraba una historia que, documentalmente, podemos comenzar once años antes.

En 2015, un mapa de inteligencia de la DEA ya colocaba a Jalisco dentro del área de presencia dominante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El documento se llama:

Mexico: Updated Assessment of the Major Drug Trafficking Organizations’ Areas of Dominant Control.

Número:

DEA-DCT-DIR-064-15.

Fecha:

JULY 2015.

Clasificación:

UNCLASSIFIED.

El mapa estaba actualizado a abril de aquel año.

No decía que el CJNG controlara cada calle de Jalisco.

Era una evaluación estadounidense sobre las áreas de presencia dominante de las principales organizaciones mexicanas de narcotráfico.

Pero hacía algo importante:

nombraba al CJNG.

Ubicaba su principal bastión en Jalisco.

Registraba su expansión.

Y formulaba una previsión.

Con mayor territorio y alcance, decía la DEA, el CJNG estaba en posición de incrementar sus:

operaciones.

riqueza.

influencia en México.

Era 2015.

Once años después decidimos hacer algo muy sencillo.

Buscar esas tres variables en la información que los propios gobiernos han hecho pública.

Estados Unidos.

Gobierno de México.

Gobierno de Jalisco.

No preguntamos quién combatió mejor al cártel.

Tampoco quién sabía más.

Preguntamos:

¿Qué podemos saber hoy del CJNG con información pública?

EL MAPA SE QUEDÓ CHICO

La primera variable era la expansión.

En 2015, el documento estadounidense mostraba al CJNG creciendo dentro de México.

Una década después, la escala documental era otra.

En septiembre de 2025, la DEA sostuvo que el CJNG operaba globalmente mediante decenas de miles de integrantes, asociados y facilitadores en al menos 40 países.

Cuarenta países no significa cuarenta territorios controlados.

Presencia tampoco significa dominio.

Pero sí permite observar el cambio de escala.

La organización que en 2015 aparecía extendiéndose desde su bastión jalisciense era descrita diez años después por la misma agencia como una red global.

Y su fundador seguía siendo buscado en el mismo estado que aquel mapa identificaba como su bastión.

Jalisco.

LA RIQUEZA CAMBIÓ DE FORMA

La segunda variable era la riqueza.

En 2015, la DEA relacionaba el crecimiento territorial del CJNG con una mayor capacidad para traficar drogas y acumular recursos.

Los documentos estadounidenses posteriores permiten ver que la economía atribuida al cártel se diversificó.

El 19 de febrero de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó una red que vinculó con fraudes de tiempos compartidos.

La acción alcanzó a:

5 personas.

17 empresas mexicanas.

El expediente identificó nombres, compañías y relaciones.

Treasury sostuvo además que el CJNG había diversificado sus fuentes ilícitas de ingresos más allá del narcotráfico, incluyendo fraude de tiempos compartidos y robo de combustible.

No estamos diciendo que Estados Unidos conozca toda la economía del CJNG.

Estamos diciendo algo comprobable:

sus documentos públicos permiten identificar partes de ella.

Personas.

Empresas.

Actividades.

Relaciones financieras.

LA INFLUENCIA TIENE NOMBRES

La tercera variable era la influencia.

También aquí encontramos documentos públicos organizados alrededor del cártel.

En agosto de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense hizo públicas nuevas acusaciones contra dirigentes y presuntos operadores del CJNG.

Entre ellos:

Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”.

Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”.

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”.

Son acusaciones.

No sentencias.

Los imputados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.

Pero los documentos permiten conocer qué les atribuye la autoridad estadounidense.

Según las acusaciones, “El Tarjetas” y “La Firma” habrían fundado y dirigido el denominado Grupo Elite.

El Departamento de Justicia sostiene que esa estructura funcionaba como brazo armado del CJNG y que ambos dirigían la plaza de Guadalajara.

También atribuye a “El Sapo” funciones relacionadas con armas, entrenamiento y operaciones.

Otra vez:

nombres.

Estructuras.

Funciones atribuidas.

Documentos judiciales.

670

Hay una cifra que resume bien el tipo de información que encontramos.

En septiembre de 2025, la DEA realizó durante cinco días acciones coordinadas dirigidas específicamente contra el CJNG.

Después publicó los resultados:

670 arrestos.

92.4 kilos de fentanilo.

1 millón 157 mil 672 pastillas falsificadas.

6 mil 62 kilos de metanfetamina.

22 mil 842 kilos de cocaína.

33 kilos de heroína.

244 armas.

18 millones 644 mil 105 dólares en efectivo.

29 millones 694 mil 429 dólares en activos.

Son resultados de operaciones estadounidenses.

No representan todo lo que hizo el CJNG.

No son una estadística mexicana.

Pero tienen una característica fundamental para nuestro ejercicio:

están expresamente atribuidos a una operación contra el CJNG.

Entonces hicimos la misma pregunta en México.

¿CUÁNTOS?

Preguntamos cuántos presuntos integrantes del CJNG habían sido detenidos.

Pedimos el periodo de 2012 a 2023.

Fecha.

Lugar.

Número de detenidos.

No obtuvimos la cifra.

La FGR explicó que sus sistemas estadísticos trabajan con categorías y características previamente establecidas y que no identificó una base con el nivel de desglose solicitado.

La explicación está.

El número no.

Preguntamos también por los fraudes de tiempos compartidos que Estados Unidos relacionaba públicamente con el CJNG.

¿Había denuncias?

¿Investigaciones?

¿Cuántas víctimas?

¿Cuánto dinero?

¿Qué municipios?

¿Qué carpetas?

¿Cuántos detenidos?

No obtuvimos esos datos.

La FGR respondió que sus sistemas y archivos no contaban con una categoría o parámetro que permitiera identificar la información en los términos solicitados.

Otra solicitud preguntó por presencia del CJNG en Colombia.

Rutas.

Relaciones con organizaciones colombianas.

Información existente en FGR.

La respuesta señaló que no se había localizado un documento que diera cuenta de la información en los términos solicitados.

Tres solicitudes.

Tres preguntas distintas.

El resultado se repetía:

había respuesta.

No estaba el dato que preguntamos.

MÉXICO SÍ CUENTA DROGAS

Aquí encontramos uno de los contrastes más claros de toda la investigación.

Solicitamos a la FGR información sobre drogas aseguradas.

Y la institución sí entregó cifras generales.

Marihuana.

Fentanilo.

Metanfetamina.

Cocaína.

Heroína.

Había números.

Entonces preguntamos la siguiente capa:

¿Cuántos aseguramientos estaban relacionados con el CJNG y otros grupos criminales?

¿Qué droga correspondía a cada organización?

¿Cuántos eventos registrados mediante Informe Policial Homologado identificaban pertenencia a un grupo criminal?

¿Cuántos detenidos estaban vinculados con cada organización?

Ahí desaparecieron las cifras.

La FGR respondió que no contaba con el nivel de detalle solicitado.

La diferencia parece pequeña.

No lo es.

Podemos saber cuánta droga asegura el Estado.

Con las respuestas recibidas no podemos saber cuánto de esos aseguramientos atribuye al CJNG.

Eso no demuestra que la Fiscalía desconozca a quién pertenecía cada cargamento.

No demuestra que esa relación no aparezca en una carpeta de investigación.

Tampoco demuestra que la información no exista en algún otro sistema.

Demuestra exactamente esto:

lo preguntamos y no nos lo entregaron.

¿CUÁNTOS CÁRTELES?

En mayo de 2026 hicimos una pregunta todavía más elemental.

¿Cuántos cárteles operan en México?

¿Cómo se llaman?

¿En qué entidades?

¿Cuántas células delictivas existen?

¿Cuáles son?

¿Dónde operan?

Tampoco obtuvimos el inventario solicitado.

La FGR consideró que atender la petición en los formatos planteados implicaba elaborar un documento y calificó la solicitud como inatendible en esos términos.

Otra vez, el resultado periodístico cabe en dos líneas:

Preguntamos cuántos.

No obtuvimos el número.

PERO MÉXICO SÍ IDENTIFICA AL CJNG

Aquí aparece una diferencia importante.

Sería incorrecto concluir que el Gobierno de México nunca identifica al cártel.

Lo hace.

Y Tapalpa lo demuestra.

El comunicado de Defensa del 22 de febrero identificó expresamente al CJNG.

Informó que cuatro integrantes del grupo murieron en el lugar y que otros tres resultaron heridos de gravedad y murieron durante su traslado, entre ellos Oseguera.

Al día siguiente, el Gobierno explicó públicamente parte del operativo.

Habló de inteligencia.

Vehículos.

Armamento.

Fuerzas Especiales.

Guardia Nacional.

Aeronaves.

Detenidos.

Y de la reacción violenta que siguió.

El primer reporte operativo del 22 de febrero contabilizó 252 bloqueos en 20 entidades, de los cuales 229 habían sido desactivados alrededor de las 20:00 horas.

El balance presentado al día siguiente utilizó otra medición: 85 bloqueos en carreteras federales de 11 entidades.

También reportó:

70 detenidos en siete estados.

27 agresiones contra autoridades.

Jalisco concentró 18 de los 85 bloqueos federales contabilizados en ese balance.

Aquí sí hay información.

Mucha.

Y precisamente por eso aparece una pregunta nueva.

Si el Gobierno puede identificar al CJNG cuando informa sobre operaciones concretas:

¿por qué esa identificación no aparece con la misma utilidad cuando pedimos estadísticas acumuladas?

EL PROBLEMA NO ES EL NOMBRE

La diferencia se vuelve especialmente clara en las solicitudes posteriores a Tapalpa.

Preguntamos por los objetos asegurados.

Por dispositivos electrónicos.

Por documentos contables.

Por investigaciones derivadas de esos documentos.

Por servidores públicos o corporaciones mencionadas.

Por órdenes de aprehensión.

Por comunicaciones entre México y Estados Unidos.

Por acciones de inteligencia posteriores para identificar sucesores y posibles fracturas.

Parte de la información fue reservada.

En otros puntos fuimos remitidos a distintas instituciones.

Y cuando preguntamos cuántas investigaciones habían derivado de la información referida como “narconómina”, cuántos funcionarios o corporaciones aparecían y cuántas órdenes de aprehensión existían, tampoco obtuvimos las cifras.

La FGR respondió que la información estadística disponible no contenía la variable o nivel de detalle solicitado para realizar esa identificación.

Éste es el hallazgo.

El Gobierno de México sí puede nombrar al CJNG.

Lo hace en comunicados.

Lo hace en operaciones.

Lo hace al informar detenciones.

Lo que no pudimos obtener mediante las respuestas revisadas fue una reconstrucción estadística equivalente:

cuántos detenidos.

cuánta droga.

cuántas investigaciones.

cuántos aseguramientos.

cuántas células.

cuántos expedientes.

ABRAMOS JALISCO

Después está el gobierno del estado donde comenzaba aquella cartografía de 2015.

En 2023, la Fiscalía del Estado respondió una solicitud relacionada con el CJNG.

Informó que:

“no se cuenta con una base de datos que aglutine” determinada información solicitada.

En documentación del mismo expediente explicó además que determinados registros se llevaban:

“sin mencionar nombre de algún cártel”.

La precisión aquí es fundamental.

Eso no demuestra que la Fiscalía de Jalisco no investigue homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones u otros delitos cometidos por personas vinculadas con organizaciones criminales.

No demuestra que sus agentes desconozcan al CJNG.

No demuestra protección.

No demuestra colusión.

Demuestra algo mucho más concreto:

cuando preguntamos por información organizada alrededor del cártel, la propia Fiscalía respondió que no contaba con una base que aglutinara determinada información y que algunos registros se llevaban sin mencionar el nombre de algún cártel.

TRES NOMBRES

En 2026 hicimos otra prueba.

Preguntamos a Jalisco por tres personas:

Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”.

Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”.

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”.

La documentación reunida para esta investigación registra que en julio la Fiscalía informó que no existían investigaciones activas contra los tres operadores consultados.

Semanas después, el 5 de agosto, el Departamento de Justicia estadounidense hizo públicas acusaciones contra ellos.

Estados Unidos atribuye a “El Tarjetas” y “La Firma” la dirección del denominado Grupo Elite y funciones dentro de la plaza de Guadalajara.

A “El Sapo” le atribuye funciones relacionadas con armas, entrenamiento y operaciones del CJNG.

Otra vez hay que poner un límite.

Que Estados Unidos los acuse no significa que Jalisco estuviera obligado a investigarlos por los mismos delitos.

Son jurisdicciones diferentes.

Delitos diferentes.

Expedientes diferentes.

Y las acusaciones estadounidenses todavía deben probarse ante tribunales.

Pero nuestro ejercicio no consiste en equiparar procesos.

Consiste en abrir dos documentos.

En uno encontramos nombres, alias, estructura y conductas atribuidas.

En el otro, la respuesta estatal que obtuvimos no reportaba investigaciones activas contra esas personas.

El lector puede ver ambos.

LO QUE SABEMOS

Once años después de aquella predicción de 2015 podemos volver a sus tres palabras.

Operaciones.

Estados Unidos publica acciones atribuidas específicamente al CJNG con detenidos, drogas, armas, dinero y activos.

México también publica operaciones que identifica expresamente con el cártel.

Pero cuando pedimos series acumuladas mediante transparencia, varias de las cifras que buscábamos no fueron entregadas.

Riqueza.

Estados Unidos publica personas, empresas y actividades económicas que atribuye a redes vinculadas con el CJNG.

En las respuestas mexicanas revisadas no obtuvimos un mapa público equivalente de empresas, activos y estructuras financieras del cártel.

Influencia.

Estados Unidos publica acusaciones, operadores, funciones atribuidas, estructuras y presencia internacional.

En Jalisco encontramos respuestas oficiales que reconocen que determinada información solicitada no estaba aglutinada en una base y que algunos registros se realizaban sin mencionar el nombre de algún cártel.

No son sistemas equivalentes.

Tampoco tienen las mismas leyes, competencias ni políticas de publicación.

Por eso no podemos utilizar este ejercicio para concluir quién sabe más.

Pero sí podemos responder nuestra pregunta inicial:

¿Qué puede saber un ciudadano?

LA PREDICCIÓN SE QUEDÓ CORTA

En 2015, la DEA escribió que la expansión del CJNG podía aumentar sus operaciones, riqueza e influencia.

Una década después, los propios documentos estadounidenses describen una organización presente en al menos 40 países.

Sus expedientes públicos identifican empresas.

Operadores.

Redes financieras.

Fraudes.

Armas.

Drogas.

Dinero.

Estructuras.

Y el 22 de febrero de 2026, cuando el Gobierno mexicano finalmente localizó a su fundador, estaba en Tapalpa.

Jalisco.

Dentro del estado que aquel documento de 2015 identificaba como su bastión.

Pero nuestra investigación encontró algo más.

México sí produce información sobre el CJNG.

El operativo de Tapalpa lo demuestra.

Lo nombra.

Cuenta detenidos.

Describe aseguramientos.

Explica operaciones.

El problema aparece cuando intentamos juntar las piezas y preguntar cuánto representan a través del tiempo.

Preguntamos cuántos detenidos.

No obtuvimos la cifra acumulada solicitada.

Preguntamos cuánta droga correspondía al CJNG.

No obtuvimos ese desglose.

Preguntamos por investigaciones relacionadas con actividades que Estados Unidos atribuye públicamente al cártel.

No obtuvimos los datos solicitados.

Preguntamos cuántos cárteles y células operaban en México.

No obtuvimos el número.

Y en Jalisco encontramos una respuesta oficial según la cual determinada información ni siquiera estaba concentrada en una base y algunos registros se llevaban sin mencionar el nombre de algún cártel.

Once años después, la diferencia no está solamente en cuánto creció el CJNG.

También está en cuánto podemos reconstruir de ese crecimiento con información pública.

Estados Unidos permite ver partes de la organización.

México permite ver operaciones.

Jalisco permite ver delitos, pero en los documentos revisados no siempre permite reconstruir el cártel detrás de ellos.

No sabemos todo lo que saben los tres gobiernos.

No pretendemos saberlo.

Comparamos lo que hicieron público.

Y ahí está el spoiler:

el cártel creció durante once años.

La información pública mexicana no creció al mismo ritmo para permitirnos seguirle la pista.