Especial · Cártel JaliscoActualizado: 15 de noviembre de 2026, 15:45 h

EspecialJalisco · dos épocas, una pregunta

¿Quién los protege?

Murió Félix Gallardo y cayó El Mencho. Son organizaciones diferentes, pero persiste una pregunta en Jalisco: ¿quién protegió sus negocios?

1989 · Cártel de Guadalajara

Fotografía de archivo de Miguel Ángel Félix Gallardo en instalaciones de la PGR, con armas aseguradas sobre una mesa.
Miguel Ángel Félix Gallardo murió el 15 de noviembre de 2026, bajo custodia del Estado. Foto: archivo.

Sin acusación pública de Estados Unidos contra la cúpula del gobierno de Jalisco desde la advertencia de la DEA

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15 de noviembre de 2026

Murió el jefe. La pregunta sigue.

Miguel Ángel Félix Gallardo murió este domingo en Guadalajara. Tenía 80 años. El hombre que ayudó a transformar el narcotráfico mexicano en una empresa criminal de alcance internacional terminó sus días bajo custodia del Estado.

Lo llevaron de Puente Grande a un hospital privado el viernes 13 de noviembre. Dos días después, alrededor de las dos de la tarde, murió por una falla orgánica múltiple.

A Félix Gallardo lo detuvieron en 1989. Había encabezado, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, el Cártel de Guadalajara.

Los tres terminaron detenidos. Caro Quintero permanece bajo custodia estadounidense. Don Neto recuperó la libertad en abril de 2025, después de cumplir su sentencia de cuarenta años.

La organización que levantaron ya no existe como entonces. Su desmantelamiento dio paso a otras estructuras criminales que se disputaron rutas y territorios.

Pero hay un detalle de aquella historia que merece recuperarse.

Antes de convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos de México, Félix Gallardo fue policía y escolta del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis.

La relación entre el crimen y el poder político estaba presente desde los orígenes de aquella organización.

Eso no convierte a todos los funcionarios de esa época en cómplices. Pero obliga a examinar las relaciones que permitieron crecer al negocio.

Cuarenta años después, Guadalajara vuelve a ocupar un lugar central en la historia de otro gran cártel.

No es el mismo.

El Cártel Jalisco Nueva Generación surgió en 2010, de una escisión del Cártel del Milenio. Lo encabezó Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El 22 de febrero de 2026, el Ejército mexicano lo abatió durante un operativo en Tapalpa.

Ahora también está muerto el jefe de aquella primera gran organización asentada en Guadalajara.

Dos generaciones distintas. Dos capos que terminaron muertos. Y una pregunta que atraviesa ambas historias: ¿quiénes, desde las instituciones, facilitaron sus operaciones?

El día que Jalisco se paralizó

Usted se acuerda del 22 de febrero.

Se acuerda porque ese domingo no salió. Porque vio el humo desde la azotea, encontró una avenida bloqueada o recibió un mensaje de su familia preguntando dónde estaba.

El gobernador decretó código rojo.

El Ejército acababa de matar a El Mencho y el cártel respondió con incendios, vehículos atravesados y bloqueos en diferentes puntos del país.

El secretario de Seguridad de Jalisco informó, durante su comparecencia ante el Congreso, que se registraron aproximadamente 350 bloqueos en unos 45 minutos.

Fue una demostración de capacidad operativa.

La muerte del jefe no significó la desaparición de la organización.

En julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Juan Carlos Valencia González, El 03, como sucesor de El Mencho.

En agosto, Washington elevó a 25 millones de dólares la recompensa por información que permita detenerlo o lograr su condena.

También anunció nuevas acusaciones y recompensas contra otros dirigentes del CJNG.

El Sapo. El Tarjetas. La Firma. El Jardinero.

Nombres, fotografías, estructuras criminales, acusaciones y documentos judiciales.

Estados Unidos tiene identificada a buena parte de la dirigencia del cártel.

Pero en los mismos comunicados aparece otra clase de participantes: los funcionarios públicos que, según la DEA, protegen a esa organización.

¿Quiénes son?

Los que tienen oficina · Lo dijo la DEA · 5 de agosto de 2026

"Ningún título, cargo ni conexión política los protegerá."

Terrance Cole, director de la DEA. Afirmó que integrantes del gobierno mexicano protegían a los dirigentes del CJNG y facilitaban el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia.

También lo dijeron

El 8 de octubre, Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, amplió la advertencia: "No nos importa si eres gobernador". El viernes 13 de noviembre, un tribunal de Washington sentenció a Antonio Oseguera Cervantes, hermano de El Mencho, a 22 años y medio de prisión. Ese día, Cole volvió a señalar a funcionarios corruptos y actores políticos que se benefician de las organizaciones criminales.

Lo que no apareció

Tres meses de advertencias, y en esas declaraciones públicas no aparecieron los nombres de los políticos mexicanos a quienes se dirigían. La DEA no ha presentado públicamente una acusación equivalente contra la cúpula del gobierno de Jalisco.

Eso no demuestra que no existan investigaciones. Pero tampoco permite dar por acreditadas responsabilidades que todavía no han sido expuestas ante un tribunal.

Un contraste

En Sinaloa sí hay nombres

El 29 de abril de 2026, una fiscalía federal de Nueva York presentó una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios.

Entre los señalados aparecieron un senador, el alcalde de Culiacán, un vicefiscal, responsables de seguridad y mandos policiales.

Según la acusación, habrían colaborado con dirigentes del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y respaldo político.

Rocha Moya rechazó los señalamientos. Ninguna acusación equivale a una sentencia condenatoria.

Pero existe un documento judicial que identifica a diez personas y describe las conductas que la fiscalía estadounidense les atribuye.

En Jalisco también hay autoridades municipales procesadas por presuntos vínculos con el CJNG. La Fiscalía General de la República detuvo al alcalde de Teuchitlán en mayo de 2025 por el caso del rancho Izaguirre. En febrero de 2026, fuerzas federales detuvieron al entonces alcalde de Tequila por presunta extorsión y vínculos con la organización criminal.

Las investigaciones tienen distinto alcance y las responsabilidades individuales deben probarse en juicio.

El contraste no consiste en afirmar que ningún funcionario de Jalisco haya sido investigado. Consiste en preguntar hasta dónde llegan esas investigaciones y qué ha ocurrido con las estructuras políticas que pudieron permitir el crecimiento del cártel.

Porque documentos hay.

Y algunos llevan años esperando una explicación.

Primer expediente: los nombres que ya conocían

Documentos: Departamento de Justicia y Departamento del Tesoro de Estados Unidos; Secretaría de Seguridad federal y Guardia Nacional; archivo de Spoiler Político. Toca uno para verlo completo.

En mayo de 2015, once días después de que el CJNG derribó un helicóptero militar en Villa Purificación, una dependencia federal elaboró un organigrama de la organización. Spoiler Político tiene ese documento.

La estructura está dibujada por regiones y mandos. Junto a los nombres aparece la situación de cada persona: libre o recluida.

El Sapo: libre.

Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo, aparecía como libre. En otra presentación federal, de agosto de 2022, figura como responsable de una estructura criminal en la Sierra Occidental y la región Valles.

Valles incluye municipios como Tala, Ameca y Teuchitlán. En Teuchitlán está el rancho Izaguirre. En marzo de 2025, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entraron a esa finca y encontraron ropa, zapatos y mochilas.

Durante el procedimiento contra el alcalde de Teuchitlán, un testigo declaró que el funcionario acudía al rancho para reunirse con El Sapo. Es una declaración dentro de un proceso judicial. Debe valorarse junto con el resto de las pruebas.

Pero la cronología es difícil de ignorar. El gobierno federal había identificado a ese dirigente criminal diez años antes del hallazgo del rancho.

Y había otro aviso.

En junio de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Severo Flores Mendoza. Era jefe de la policía de Ameca y coordinaba a mandos policiales de catorce municipios de la región Valles.

Estados Unidos lo señaló como un policía corrupto que proporcionaba información al CJNG a cambio de sobornos. También informó que había reprobado un examen de control de confianza en 2014 y que continuó su carrera policial. Fue separado del cargo.

En febrero de 2026, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, fue interrogado sobre la existencia de investigaciones contra Flores. Respondió que no recordaba alguna carpeta y que verificaría la información. Esa declaración no es una certificación definitiva de inexistencia.

Por eso la pregunta sigue vigente: ¿qué investigaciones realizaron las autoridades mexicanas después de recibir el señalamiento estadounidense?

No existe prueba presentada aquí que relacione directamente a Severo Flores con el rancho Izaguirre. Pero el aviso sobre presunta corrupción policial en esa región llegó casi tres años antes de que las madres buscadoras encontraran las evidencias.

Y eso merece una explicación.

Página 63 de la transcripción del juicio contra Rubén Oseguera González, con el testimonio sobre 3 millones de dólares.
Transcripción del juicio contra El Menchito. Corte de Distrito de Columbia, 12 de septiembre de 2024, página 63.

El segundo papel es una voz · Washington, 2024

"Mi padrino"

Herminio Gómez Ancira, exdirector de la policía de Villa Purificación y testigo colaborador de la fiscalía estadounidense, bajo juramento. Juicio contra Rubén Oseguera González, El Menchito. Traducción propia del inglés.

  • El dinero · hacia 2012

    Relató que entregó tres millones de dólares para una campaña política en Jalisco. Le preguntaron quién le había dado la orden. Contestó: Mi padrino. Su padrino, explicó, era El Mencho.

  • Las campañas

    Afirmó que el dirigente criminal financiaba campañas de presidentes municipales y gobernadores.

  • Los policías

    Describió a los policías municipales como subordinados dentro de esa estructura de poder.

Mencionó al exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Es indispensable establecer el límite de esa evidencia: la declaración demuestra que un testigo hizo esas afirmaciones ante una corte. No demuestra, por sí sola, que Sandoval recibiera el dinero. La defensa cuestionó la credibilidad del colaborador. Sandoval fue asesinado en Puerto Vallarta en diciembre de 2020 y no puede responder. Pero el testimonio quedó en la transcripción judicial, y plantea preguntas que van más allá de él: ¿se investigó el posible financiamiento criminal de campañas políticas en Jalisco? ¿Se revisaron los recursos, los intermediarios y los beneficios de quienes entregaron ese dinero?

Tercer expediente · diciembre de 2018

La fotografía que no era suficiente

Diciembre de 2018. En el restaurante Toks de La Gran Plaza, en Zapopan, un reporte de inteligencia situó a Delta Uno, dirigente criminal del CJNG, en una supuesta reunión con Juan Pablo Hernández González. Hernández era entonces un mando de la policía de Zapopan.

El documento se conoció públicamente en 2022, a partir de los archivos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hernández negó la reunión y rechazó ser el hombre que aparecía en la fotografía.

Pablo Lemus, entonces alcalde de Guadalajara, solicitó información al Centro Nacional de Inteligencia y encargó un peritaje sobre la imagen. El estudio, pagado por el Ayuntamiento, concluyó que la persona fotografiada no era Hernández. Lemus también informó que el CNI había respondido que no existía una investigación contra policías de Guadalajara.

La conclusión del peritaje es relevante y debe reconocerse. Pero la fotografía no era el único documento.

Otro registro militar, fechado en julio de 2019, mencionaba a Hernández entre funcionarios que presuntamente proporcionaban protección institucional a una célula del CJNG. Ese señalamiento procede de inteligencia filtrada, no de una sentencia judicial. No acredita que Hernández haya cometido un delito.

Tampoco encontramos en la documentación revisada una resolución pública que esclarezca el contenido de ese segundo reporte.

Cuando Pablo Lemus llegó al gobierno de Jalisco, nombró a Juan Pablo Hernández secretario de Seguridad.

Hoy le toca dirigir acciones contra la organización que aparece en aquellos documentos.

Eso no lo convierte en culpable de los señalamientos. Pero sí hace pertinente preguntar qué verificaciones institucionales se realizaron y qué resultados tuvieron.

En octubre de 2025, el columnista Raymundo Riva Palacio publicó un señalamiento sobre una presunta investigación estadounidense contra Lemus. La columna no exhibió una acusación judicial ni identificó públicamente las fuentes de esa versión. Lemus rechazó el señalamiento y lo calificó como una guerra sucia.

Con la evidencia disponible no puede establecerse que exista una investigación penal estadounidense contra el gobernador.

Lo que sí existe son reportes de inteligencia, respuestas públicas y decisiones administrativas que pueden examinarse documentalmente.

15 de noviembre de 2026

La muerte de un capo no cierra las cuentas

Volvamos a Miguel Ángel Félix Gallardo.

En los años ochenta, Guadalajara fue uno de los centros de operación de una organización que transformó el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Félix Gallardo acabó preso. Caro Quintero volvió a quedar bajo custodia estadounidense. Don Neto cumplió su condena. El Cártel de Guadalajara desapareció como estructura original, pero las redes criminales del país no desaparecieron con él.

Décadas después, otra organización construyó desde Jalisco una estructura internacional de narcotráfico, violencia y operaciones financieras.

El Mencho murió en febrero. Su hermano recibió una sentencia este noviembre. Su hijastro aparece en los documentos estadounidenses como sucesor y tiene una recompensa de 25 millones de dólares.

Y mientras Washington identifica a los jefes criminales, su propia agencia antidrogas denuncia la existencia de funcionarios que los protegen.

No sabemos, a partir de esas declaraciones, cuántos son, qué cargos ocupan o cuáles han sido formalmente acusados. Tampoco existe evidencia suficiente para afirmar que todas las autoridades mencionadas en informes de inteligencia participaron en la protección del cártel.

Pero hay algo que sí puede exigirse. Que se investiguen los documentos. Que se aclaren los testimonios. Que se determinen las responsabilidades individuales. Y que las autoridades expliquen qué hicieron para impedir que una organización criminal acumulara semejante capacidad de violencia y control territorial.

Porque el problema no se resuelve contando cuántos capos murieron, cuántos están presos o cuánto ofrecen por sus sucesores.

También hay que saber quiénes, desde el poder, pudieron ayudarlos.

Félix Gallardo murió este domingo en Guadalajara, la ciudad desde la que encabezó una de las primeras grandes organizaciones del narcotráfico mexicano. Cuarenta años después, esa misma ciudad sigue esperando respuestas sobre las relaciones entre el poder político y el crimen organizado.

Los capos ya tienen nombre. Las instituciones todavía deben explicar quiénes los protegieron.

Uno por uno

Quién debe contestar

Pedir una explicación no declara culpable a nadie. Los reportes de inteligencia filtrados no son acusaciones. Pero las preguntas que dejaron abiertas siguen sin respuesta pública.

Pablo Lemus Navarro

Pablo Lemus Navarro

Debe explicar

Gobernador de Jalisco

Qué pidió
En octubre de 2022, como alcalde de Guadalajara, pidió información al CNI y un peritaje de la fotografía.
Qué le contestaron
El peritaje, pagado por el Ayuntamiento, concluyó que el hombre de la foto no era Hernández. Lemus informó que el CNI respondió que no había investigación contra policías de Guadalajara.
Lo que quedó sin aclarar
El registro militar de julio de 2019 que menciona a Hernández entre funcionarios que presuntamente daban protección institucional a una célula del CJNG.
Lo que hizo
Nombró a Juan Pablo Hernández secretario de Seguridad al arrancar su gobierno.
Qué debe explicar
Qué revisión institucional se realizó sobre esos reportes, y hacer públicos los documentos que legalmente puedan divulgarse.
Y además
En octubre de 2025, el columnista Raymundo Riva Palacio publicó un señalamiento sobre una presunta investigación estadounidense. La columna no exhibió una acusación judicial ni identificó fuentes. Lemus lo rechazó y lo calificó como guerra sucia.
Desde que se publicó el reporte
—
Juan Pablo Hernández González

Juan Pablo Hernández González

Debe explicar

Secretario de Seguridad de Jalisco

Qué dice el reporte
Que en diciembre de 2018 se reunió con Delta Uno en un restaurante de La Gran Plaza. Es un reporte de inteligencia que se conoció en 2022, por los archivos filtrados de la Defensa.
Qué dijo él
Negó la reunión y rechazó ser el hombre de la foto. Un peritaje pagado por el Ayuntamiento de Guadalajara concluyó que no era él. No ha sido procesado.
Lo que no se aclaró
Otro registro militar, de julio de 2019, lo menciona entre funcionarios que presuntamente daban protección institucional a una célula del CJNG. Es inteligencia filtrada, no una sentencia. No acredita que haya cometido un delito.
Qué debe responder
Qué actuaciones permitieron esclarecer los señalamientos de los informes militares y qué resultados documentales existen.
En el cargo
—
Salvador González de los Santos

Salvador González de los Santos

Debe investigar

Fiscal del Estado

Qué se le preguntó
En febrero de 2026 fue interrogado sobre investigaciones contra Severo Flores Mendoza, el exjefe de policía de Ameca que el Tesoro de Estados Unidos sancionó en 2022. Respondió que no recordaba alguna carpeta y que verificaría. No es una certificación definitiva de inexistencia.
Qué debe informar
Qué investigaciones estatales existen sobre las estructuras criminales señaladas y sobre posibles actos de protección o colaboración de servidores públicos.
Quién sí detuvo
La FGR detuvo al alcalde de Teuchitlán en mayo de 2025. Fuerzas federales detuvieron al de Tequila en febrero de 2026.
Desde la advertencia de la DEA
—

Lo que exigimos

Tres respuestas

  1. Que el gobernador explique qué revisión institucional se hizo sobre los reportes de inteligencia relacionados con Juan Pablo Hernández, y publique los documentos que legalmente pueda divulgar.

  2. Que el secretario de Seguridad responda qué actuaciones esclarecieron los señalamientos de los informes militares y qué resultados documentales existen.

  3. Que el fiscal informe qué investigaciones estatales existen sobre las estructuras criminales señaladas y sobre posibles actos de protección o colaboración de servidores públicos.

La información legalmente reservada debe tratarse conforme al procedimiento correspondiente, pero la reserva de actuaciones específicas no elimina el deber de rendir cuentas sobre la actuación institucional. El artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece obligaciones de denuncia para los servidores públicos que conozcan hechos probablemente constitutivos de delito en ejercicio de sus funciones. Preguntar por su cumplimiento no presupone culpabilidad.

Fuentes
Muro de cantera con una pinta en aerosol negro que dice: La policía cuida al CJNG.

"La policía cuida al CJNG"

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