NO DESCARTAN-NO INVESTIGAN

En un Estado donde la violencia ya no sorprende —solo se acumula—, las autoridades de Jalisco comparecieron para explicar un ataque de alto impacto y terminaron confirmando lo que la gente ya sospecha: no saben (o no quieren decir) si lo que enfrentan es colusión criminal dentro del Estado o cuerpos de seguridad rebasados hasta el cuello.

La respuesta oficial, repetida hasta el cansancio, fue la de siempre: “no se descarta”, pero tampoco se investiga a nadie por ahora.

Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad; Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Jalisco; Salvador González de los Santos, Fiscal del Estado de Jalisco y Juan Carlos Contreras Vargas, Director General de C5 Escudo Jalisco, dieron su primera rueda de prensa del año y hablaron de la ejecución de Alberto Prieto Valencia, por parte de un comando armado.

La gran duda: ¿complicidad o incapacidad?

Ante preguntas directas sobre posible colusión de policías o mandos, la autoridad fue cuidadosa hasta el absurdo.

• No descartan complicidad, dijeron.

• No hay investigaciones internas abiertas, aclararon.

• No pueden afirmar ni negar nada, remataron.

La promesa es que, si los órganos de control interno detectan irregularidades, entonces sí habría responsabilidades penales. Por ahora, no hay nombres, no hay líneas claras, no hay plazos.

Traducción ciudadana: la puerta está abierta, pero nadie se asoma.

“No es incapacidad”, dicen. Es que no alcanza

Cuando se les cuestionó si el ataque evidenciaba una falla en la capacidad del Estado, la respuesta fue semántica pero reveladora.

No hablaron de incapacidad. Hablaron de insuficiencia.

• Insuficiencia de policías.

• Insuficiencia de recursos.

• Insuficiencia de presencia territorial.

Incluso lo dijeron sin rodeos: hay municipios donde una patrulla puede cubrir hasta diez colonias.

No es que el plan falle —según ellos—, es que el tamaño del problema es mayor que el tamaño del Estado que lo enfrenta.

Prevención, reacción… y el eterno “vamos a revisar”

Las autoridades insistieron en que cada hecho violento es distinto y que este caso servirá para revisar protocolos de prevención y reacción, en coordinación con fuerzas federales.

La lista es conocida: Ejército, Guardia Nacional, policías municipales, inteligencia. El discurso también.

Lo que no apareció fue lo concreto: qué falló, quién decidió, en qué minuto se perdió el control.

El momento incómodo: ¿y el C5 cuándo cuida?

La pregunta fue directa y sin rodeos:
¿Cuándo habrá un C5 que realmente proteja a la ciudadanía?

La respuesta: trabajan 24/7, atienden el 911 y el 089, fortalecen videovigilancia y piden participación ciudadana.
Y luego, la frase más honesta de toda la conferencia:

“Nos falta mucho por hacer.”

Eso fue todo.

Las cifras que no alcanzan a tranquilizar

El gobierno defendió su estrategia con números:

• Cerca de 600 homicidios menos en 2025 respecto a 2024.

• Aproximadamente 2,000 robos de vehículos menos.

Pero también reconocieron el problema central del discurso estadístico: un solo ataque de alto impacto borra cualquier gráfico.

Porque la percepción no se corrige con PowerPoint cuando la violencia es cotidiana.

Lo que se dijo… y lo que quedó en el aire

Dijeron:

• Que no descartan complicidad.

• Que faltan policías y recursos.

• Que están alineados al plan nacional de seguridad.

No dijeron:

• A quién están investigando.

• Qué corporación falló.

• Cuándo habrá resultados verificables.

• Cómo van a evitar que vuelva a pasar mañana.

Por qué importa

Porque para quienes viven en Guadalajara, la discusión ya no es académica.
Si el problema es complicidad, el Estado está infiltrado.
Si es incapacidad, el Estado está rebasado.

Y hoy, la autoridad no puede —o no quiere— explicar cuál de las dos es.

En Guadalajara el gobierno no discute cómo recuperar el control.
Discute cómo nombrar el hecho de haberlo perdido.