REFERÉNDUM VS TARIFAZO
Anoche, la rebelión no estaba en el Congreso: estaba en la plataforma Fírmale del IEPC Jalisco. Ahí, la solicitud ciudadana para activar un referéndum estatal contra el aumento al transporte ya rebasaba por mucho el mínimo de firmas requerido: más de 8 mil apoyos y más del 250% de la meta.
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Anoche, la rebelión no estaba en el Congreso: estaba en la plataforma Fírmale del IEPC Jalisco. Ahí, la solicitud ciudadana para activar un referéndum estatal contra el aumento al transporte ya rebasaba por mucho el mínimo de firmas requerido: más de 7 mil apoyos y más del 200% de la meta.
Qué quieren tumbar
El referéndum busca revertir el ACUERDO DIGELAG ACU 057/2025, publicado en el Periódico Oficial (edición del sábado 27 de diciembre de 2025), que avala la indexación de la tarifa y el incremento autorizado por el Comité Tarifario (sesión del 26 de diciembre).
Ese acuerdo se traduce en una tarifa técnica de $14, con esquema anunciado de $11 con tarjeta y entrada en vigor a partir del 1 de abril de 2026, según lo publicado y reportado.
Lo que dice la ley (negro sobre blanco)
En Jalisco, sí existe el referéndum para someter a la ciudadanía la derogación/abrogación de decretos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general, pero con una excepción clave:
El referéndum no aplica a disposiciones “de carácter contributivo”.
¿Quién lo puede pedir? Entre otros:
La ciudadanía: 0.05% de la lista nominal estatal, dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del acto.
El Congreso: pero solo sobre reglamentos y decretos emanados del Gobernador (según la fracción II).
Ahí está el nudo jurídico: si la tarifa se trata como “carácter contributivo”, el referéndum se cae por la excepción. Si se sostiene que es un acuerdo de carácter general no contributivo (y materialmente “legislativo”, como define la propia ley), el debate cambia.
La postura del Gobierno: “no procede”
El Gobierno de Jalisco salió a decirlo sin rodeos: para ellos el referéndum es improcedente porque el tema es contributivo y porque el acuerdo es administrativo, y además señalaron que la ruta formal debe ir por el IEPC.
Y el Congreso… hizo ruido (y tarde)
Mientras los ciudadanos juntaban firmas, diputados de oposición votaron “pedir referéndum” como si fuera su show, cuando la vía ciudadana ya estaba caminando (y la ley la contempla explícitamente).
Peor: también aprobaron exhortos y medidas políticas que —en la práctica— no sustituyen el trámite ciudadano ante el IEPC.
Un opositor realista (sin control del Ejecutivo) tiene tres jugadas útiles contra el ACUERDO DIGELAG ACU 057/2025:
Reventarlo en lo inmediato con amparos masivos y/o juicios de nulidad para obtener suspensiones y que el alza no se les aplique a miles cuando empiece a operar (el propio acuerdo fija aplicación desde 1 de abril de 2026).
Abrirle el expediente y el costo político con puntos de acuerdo, comparecencias y exigencia de información para obligar al Gobierno a exhibir estudios, metodología y actas que “sostienen” la indexación.
Si tiene bancada/estructura, empujar al Congreso como Poder a intentar una controversia constitucional ante la SCJN para buscar invalidez con efecto general (no lo puede hacer un diputado solo).
Qué sigue (lo importante)
Rebasar el mínimo de firmas no significa que mañana se vote: siguen etapas de validación y, si llegara a consulta, para que sea vinculante se habla de umbrales de participación y mayoría.
Spoiler: el choque viene así: ciudadanía pidiendo referéndum vs Gobierno diciendo “no procede por contributivo”. Lo que decida (y cómo lo funde) el IEPC puede terminar litigado.
¿Quién va a defender mejor a la gente: el que juntó firmas… o el que solo salió a “pedir” lo que la ley ya deja pedirle a la ciudadanía?