BLINDAJE UNIVERSITARIO

Denunciar violencia ante autoridades universitarias suele convertirse en un proceso largo y desgastante. Con frecuencia, las instituciones parecen más dispuestas a protegerse a sí mismas que a escuchar a quienes denuncian. Aunque se presentan denuncias formales y se entregan pruebas como testimonios, videos o capturas, las investigaciones internas pueden tardar meses o incluso más de un año en resolverse. Con frecuencia, las comisiones encargadas concluyen que “no hay elementos” suficientes para determinar responsabilidades, incluso cuando existe evidencia. En muchos casos, esas pruebas simplemente son descartadas durante el proceso.

Y si después de mucho esfuerzo logran “encontrar elementos”, las sanciones parecen coincidir con momentos en los que los agresores son enviados a “representar” a la universidad en otros países. Algo similar ocurre con militantes de la Federación Estudiantil Universitaria señalados por agresiones sexuales: la indicación es esconderlos. A algunos incluso los mandan becados a España. Así operan. Después regresan y terminan ocupando puestos directivos o administrativos dentro de la misma institución.

En 2022 entendí que esa impunidad tampoco reconoce fronteras fuera de la universidad. En mi caso, luego de denunciar formalmente a un docente por abuso cuando era menor de edad y, pese a peritajes positivos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, inspecciones de vivienda y testimonios, el juez Luis Ignacio Ceja Arias —también trabajador de esta casa de estudios— determinó que “no había elementos” para vincularlo a proceso. Incluso perdieron la carpeta y no turnaron la apelación al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. (C.A: 1375/2022).

Tras la presión pública por las irregularidades, la carpeta reapareció, el juez cambió de localidad y el caso llegó al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Ahí ya esperaba otro blindaje: la magistrada Ruth Gallardo Vega, una de las magistradas que revisó mi caso, promovida —según datos publicados por Mural— como magistrada vía Grupo Universidad, confirmó la resolución del juez y resolvió que mi denuncia trascendiera como un carpetazo. (Toca: 119/2023). Afortunadamente, ese blindaje no alcanzó el ámbito federal. La jueza de distrito Sandra Daniela Saldaña Brambila encontró elementos suficientes para considerar que pudo haberse cometido el delito. Dos años para “encontrar elementos”. (Amparo indirecto: 273/2024).

Así “resuelve” la Universidad de Guadalajara las denuncias: sin elementos, sin resolución, sin sanción… y aquí no pasó nada. Durante la marcha del 8M intentaron aplicar la misma lógica, cuidando su edificio con el mismo rigor con el que cuidan a sus agresores.

Ese blindaje no se quedó en las resoluciones: también se hizo visible en Rectoría. El edificio fue preparado previamente para impedir su intervención. Los pisos del acceso al inmueble fueron cubiertos con un líquido antigraffiti cuyas características y posibles efectos químicos no fueron informados públicamente, lo que generó preocupación por los riesgos que esta sustancia podría representar para la integridad de quienes se manifestaban. Al mismo tiempo, elementos de la policía municipal, encapuchados y sin identificación, instalaron un cerco para impedir el acercamiento al edificio. La seguridad pública no puede operar desde el anonimato ni desde la intimidación.

Frente a este escenario, la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, encabezada por su rectora, como institución pública autónoma también tiene la responsabilidad de respetar y favorecer el ejercicio de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la protesta social. Las universidades públicas no son solo espacios administrativos: son espacios de pensamiento crítico, de debate y de transformación social. Cuando una institución universitaria responde a la protesta con contención y distancia, corre el riesgo de colocarse del lado de la defensa de sus muros y no del lado de sus estudiantes; de proteger el edificio antes que a quienes lo habitan.