COBRO O EXTORSIÓN.

En política y en derecho hay una línea que no puede borrarse. Una cosa es el cobro legal de derechos municipales. Otra, muy distinta, es el cobro ilegal disfrazado de autoridad.

Hoy San Pedro Tlaquepaque es gobernado por Laura Imelda Pérez Segura, y en documentos oficiales del propio ayuntamiento aparece José Luis Ramírez Espinoza como secretario general. Eso importa porque cuando los señalamientos ciudadanos apuntan a nombres y cargos concretos, el asunto deja de ser rumor de pasillo y se convierte en materia de responsabilidad pública.

Lo primero que debe decirse con claridad es esto: los municipios sí pueden cobrar derechos, productos y aprovechamientos previstos en su ley. Incluso la normatividad consultable de Tlaquepaque contempla pagos, descuentos y reglas específicas para permisos en tianguis, así como cuotas para puestos y espacios en mercados municipales. Por eso el problema no es que exista un cobro. El problema sería que ese cobro se haga por fuera de la ley, sin tarifa pública, sin recibo oficial y bajo amenaza.

Si a un comerciante o a un tianguista le dicen “paga o te clausuro”, “paga o no trabajas”, “paga o te retiro”, y ese dinero no entra con transparencia a la tesorería municipal, entonces ya no estamos frente a una contribución. Estamos, materialmente, frente a una conducta que debe ser investigada como probable extorsión y corrupción.

Y aquí hay otro dato que no puede minimizarse: la extorsión es uno de los delitos que menos se denuncian. La ENVIPE 2025 del INEGI reportó que la cifra oculta de este delito fue de 97.0%; además, entre las razones más frecuentes para no denunciar están la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. Es decir: que no existan muchas denuncias formales no prueba que el problema no exista. A veces prueba exactamente lo contrario.

Jalisco, además, ya movió su marco institucional en esta materia. En diciembre de 2025, el Congreso local aprobó reformas para armonizar la respuesta estatal al delito de extorsión y fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. Si el señalamiento toca a un ayuntamiento, entonces la respuesta no puede quedarse encerrada en el propio ayuntamiento.

El antecedente de Tequila tampoco puede ignorarse. En febrero de 2026, reportes periodísticos y documentos legislativos dieron cuenta de la detención del alcalde de ese municipio y de otros funcionarios por presuntos actos de extorsión, dentro de un operativo coordinado por fuerzas federales. Por eso la pregunta sobre una eventual intervención externa en Tlaquepaque no suena desproporcionada: en Jalisco ya existe un precedente reciente.

Yo no voy a afirmar, sin una carpeta de investigación en la mano, que en Tlaquepaque ya está probada una red criminal desde el gobierno. Pero sí voy a decir algo con toda claridad: si comerciantes y tianguistas están señalando cobros ilegales, cuotas para poder trabajar y presión desde la autoridad, entonces la obligación del Estado es investigar de inmediato, proteger a los denunciantes y seguir la ruta del dinero.

La prueba, en realidad, no es tan complicada. Que se exhiban tarifas, permisos, folios, recibos oficiales, ingresos a tesorería, padrones de inspectores, órdenes de verificación y fundamento legal de cada cobro. Y si eso no aparece, entonces la Fiscalía del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y, si el caso escala, la propia Federación, tendrían que entrarle sin titubeos.

Porque un gobierno no puede convertirse en ventanilla del miedo.

Cuando la autoridad cobra conforme a la ley, administra.

Cuando cobra bajo presión, castigo o protección, deja de gobernar y empieza a parecerse demasiado al delito.