CONTROL FALLIDO
Si más de 340 policías y servidores públicos han sido judicializados por desaparición forzada en Jalisco, el problema ya no es individual: es estructural. Y obliga a revisar a fondo controles, mandos, depuración y complicidades.
Algo no está haciendo bien el Gobierno de Jalisco.
Y ya no hablo de percepción. Hablo de una señal brutal, incómoda, imposible de barrer debajo del escritorio.
De 2018 a marzo de 2026, más de 340 policías municipales y servidores públicos han sido judicializados en Jalisco por su presunta participación en desaparición forzada, según lo informado por la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas. Una cifra así no describe un accidente administrativo. Describe un fracaso institucional de gran tamaño.
Porque si durante años nos dijeron que existían controles, filtros, exámenes, evaluaciones de permanencia y mecanismos para detectar perfiles no aptos, entonces alguien tiene que explicar por qué tantos elementos terminaron ligados al delito más brutal que puede cometer el Estado contra una persona: borrarla.
La propia Ley de Control de Confianza de Jalisco dice que esos procesos son obligatorios y que su objetivo es comprobar que mandos operativos, policías y servidores públicos cumplan con el perfil, la probidad y los principios de legalidad, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad. Además, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza depende de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Si el modelo estaba diseñado para detectar riesgos y no lo hizo, entonces la revisión tiene que alcanzar al Centro y también a la estructura que lo coordina.
Y el problema no termina ahí. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha documentado que siguen ocurriendo desapariciones con participación de policías estatales y municipales, señalados como cómplices de grupos delincuenciales. Cuando el dato judicial y la observación de derechos humanos empiezan a cruzarse, lo que aparece ya no es una suma de casos sueltos: es un patrón que exige intervención real.
Por eso yo sí creo que llegó la hora de revisar a fondo el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Y también de revisar la actuación de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública. No para repartir culpas al aire, sino para responder una pregunta básica: ¿qué se evaluó, qué se dejó pasar y quién estuvo firmando como confiable a quienes hoy aparecen en expedientes por desaparición forzada?
Porque una cosa es que un policía caiga en el delito.
Otra, mucho más grave, es que decenas y luego cientos lo hagan bajo un sistema que, en teoría, existía precisamente para impedirlo.
Si esta racha continúa, la conclusión será cada vez más dura para el Estado: que el crimen organizado no sólo logró corromper policías de calle, sino penetrar la médula de corporaciones enteras y contaminar incluso las áreas encargadas de investigar y procurar justicia.
Y si eso está ocurriendo, entonces el problema ya no se resuelve con discursos, ni con conferencias, ni con promesas de depuración.
Se resuelve con auditorías externas, expedientes abiertos, separación inmediata de mandos bajo sospecha, revisión de evaluaciones aprobadas, trazabilidad de certificaciones y una limpia real en las instituciones.
Porque cuando una corporación encargada de proteger termina vinculada a desapariciones, el ciudadano deja de ver un uniforme.
Empieza a ver una amenaza.