Cultura, no show
Natalia Armienta Oikawa se fue de Jalisco “porque aquí no apoyan a los artistas”. Sabe lo que cuesta salir para poder crear. Estudió dirección de cine en Barcelona y su carrera se hizo a pulso, entre becas, festivales y proyectos internacionales. Y aun así, regresó a meterse al pantano institucional: en enero de 2023 fue elegida presidenta del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA) para el periodo 2023–2025.
Hoy, como presidenta saliente, el mensaje con el que se va no es diplomático: en Jalisco se está empujando una visión que baja la cultura a “entretenimiento”. Y no lo dice por metáfora. Lo sostiene mirando un documento: la propuesta de iniciativa de ley presentada por la SC ante legisladores estatales de MC, a la que Spoiler tuvo acceso (un texto que se originó en la administración anterior, durante la pandemia, con participación del British Council).
En esta historia, el punto no es el nombre de la ley. Es quién manda, quién decide, y qué se entiende por cultura cuando el presupuesto desaparece y el órgano ciudadano estorba.
La escena: borrarlos en presupuesto, borrarlos en ley
En entrevista, Armienta describe un desmantelamiento “presupuestal, simbólico, operativo y legal”. Su argumento tiene números: el fondo estatal del que salían becas (partida 449) fue eliminado; y el presupuesto operativo del CECA, dice, quedó reducido a 54 mil pesos.
En paralelo, el borrador de reforma que circuló entres legisladores de MC en el Congreso —y que Armienta ubica como amenaza mayor— planteaba “borrar” al CECA tal como existe hoy: sin presidencia electa, sin consejeros especializados, con dirección concentrada en un secretario técnico designado desde la Secretaría.
Y la frase que detonó la alarma en el propio Congreso, según relata: dejar “solo a tres personas del área de entretenimiento” y convertir el arte en espectáculo.
La Secretaría de Cultura, por su parte, niega que la actual administración tenga una iniciativa para desaparecer al CECA y afirma que hay disposición al diálogo. Pero si habla de la necesidad de reformas estructurales a la ley, sin abrir públicamente su baraja: la cultura como derecho o la cultura como programación.
La ley hoy: un consejo ciudadano que estorba cuando incomoda
El CECA se sostiene en la Ley de Fomento a la Cultura vigente, que le da un rol consultivo y un mecanismo de presidencia electa por consejeros (bajo esa ley se renovó e instaló el Consejo 2025–2028 y se estableció un método de elección de presidencia por votación presencial).
Armienta insiste en que ese diseño —con representación por disciplinas, contrapesos y deliberación— es lo que el borrador de la Secretaría intenta adelgazar hasta volverlo decorativo.
La advertencia central no es abstracta: en el borrador el CECA pierde dientes y autonomía; la dirección se centraliza; y la cultura se reencuadra hacia lo “entretenible”. Esa lectura aparece tanto en su testimonio como en la cobertura que documenta el planteamiento: presidencia fuera, consejeros especializados fuera, secretario técnico designado desde arriba.
Y ese es el punto político: si el órgano ciudadano deja de decidir y solo “acompaña”, la cultura deja de ser derecho exigible y se vuelve agenda programable.
La respuesta: Natalia sale, pero deja un proyecto de ley
El miércoles 14 de enero, Armienta presentará el borrador de una iniciativa de ley que concentra el trabajo multidisciplinario y colegiado de diversas instituciones, artistas y expertos en derecho cultural, como cierre de gestión. El texto se presenta formalmente ante el Congreso de Jalisco.
Su propuesta no es “defender al CECA porque sí”. Es cambiar el marco: pasar del fomento discrecional a derechos culturales, con candados operativos, reglas, transparencia y participación.
En su propuesta, Armienta plantea una ley anclada al enfoque de derechos (Artículo 4º constitucional y estándares internacionales), y dice explícitamente que busca una gestión “eficiente, transparente” y blindada contra corrupción en recursos públicos.
En el centro coloca el CECA: lo quiere más robusto y con autonomía.
Entre los cambios más duros:
Presidencia remunerada y de dedicación exclusiva, para que no sea un cargo simbólico.
Secretaría Ejecutiva propuesta por la presidencia, con perfil técnico y sin voto, como candado contra injerencia externa.
Herramientas de comunicación para que el Consejo no se quede encerrado en Guadalajara.
Regulación clara del Fondo Estatal (fideicomiso): origen, asignación, supervisión y obligaciones de transparencia.
Esto no es solo “más cultura”. Es cómo se gobierna la cultura.
Lo que deja sobre la mesa
Armienta enumera criterios metodológicos para su iniciativa de derechos culturales:
legalidad y jerarquía normativa;
derechos culturales (Art. 4º y UNESCO 2005);
fortalecimiento institucional del CECA;
transparencia y rendición de cuentas;
equidad territorial y sectorial;
viabilidad administrativa y presupuestal.
Y destaca dos convenios con la UdeG (uno marco y uno específico) para proyectos conjuntos, becarios, prácticas profesionales y fomento a la lectura, con la promesa: “esto proporcionará autonomía al CECA asegurando su permanencia”.
Armienta se va, pero deja una advertencia que no es personal: si el CECA se debilita o desaparece, los artistas “tendrán que irse del estado para poder desarrollarse”, como a ella le pasó.
La Secretaría responde que no busca desaparecerlo y que mantiene convocatorias para el sector, pero fuera del CECA.
Entre ambas versiones hay una palabra que decide el rumbo: gobernanza.
Porque si la cultura se administra como entretenimiento, el artista no participa: consume su propia precariedad.
Isaac Guzmán