EL FISCAL AUSENTE.

Llegó con traje de autonomía, discurso de diagnóstico y promesa de que no sería “fiscal carnal”. Pero en Jalisco, donde la corrupción no necesita presentación porque se sienta sola en la mesa, el primer mes de Eduardo Cipriano Manzanilla al frente de la Fiscalía Anticorrupción dejó una estampa incómoda: mucho cargo, poca señal, ningún avance.

Eduardo Cipriano Manzanilla Aznares llegó a la Fiscalía Anticorrupción prometiendo autonomía, pero su primer mes dejó más silencio que señales: denuncias, auditorías millonarias y presuntos sobornos al narco tocaron su puerta sin respuesta de su parte.

Porque un fiscal anticorrupción está para una tarea brutal: investigar y perseguir delitos por hechos de corrupción, conducir policías en esos casos, ejercer acción penal y detectar hechos probablemente delictivos cometidos desde el poder. No se trata de una oficina de opinión. Se trata, en papel, de un órgano para meterle bisturí penal a las tripas del Estado.

Manzanilla Aznares no ha comenzado ni a limpiar la casa. Ya acomodó a sus cercanos en el organigrama, pero en la fiscalía siguen operando bajo el sistema anterior. Como ejemplo: La permanencia de mandos operativos señalado por personal de la propia Fiscalía de no acreditar los exámenes de control y confianza. No es un pleito personal: es una prueba de credibilidad. Si existen antecedentes de control y confianza adversos, amparos o protección interna, el nuevo fiscal debe verificar, documentar y explicar por qué sigue en funciones… o por qué no.

La depuración no se logra con discursos: se logra con decisiones y evidencia. Manzanilla tendría que ordenar una revisión integral (estatus de control y confianza, historial de adscripciones, resoluciones judiciales, quejas o investigaciones internas) y, si procede, medidas administrativas inmediatas mientras se investiga. Porque una Fiscalía anticorrupción no puede pedirle al estado que se limpie si no puede limpiar primero su propio cuarto.

Lo que se deja pasar

El problema es que, durante ese primer mes —del 15 de febrero al 15 de marzo—, Jalisco sí ofreció materia prima de sobra para probar que la nueva Fiscalía Anticorrupción iba en serio. Y, aun así, no hubo una agenda pública reconocible. No hubo una prioridad anunciada con claridad. No hubo un primer golpe de autoridad visible. Lo que sí hubo fue un estado lleno de expedientes que huelen, al menos, a una cosa: posibles actos u omisiones de servidores públicos que ameritan escrutinio penal.

El caso más cantado es el SIAPA. El 2 de marzo, auditorías externas exhibieron irregularidades “en prácticamente todas las áreas” del organismo: infraestructura deficiente, fallas en calidad del agua, rezagos de cobranza y, sobre todo, un dato que debería hacer ruido en cualquier fiscalía que se tome en serio la palabra “anticorrupción”: de 1,191.9 millones de pesos contratados en obras entre 2023 y 2025, más de 692 millones fueron por adjudicación directa, es decir, alrededor del 58 por ciento. La adjudicación directa no es delito por sí sola, pero cuando domina así el paisaje, deja de ser rutina administrativa y empieza a parecer zona de riesgo: direccionamiento, favoritismo, simulación de competencia, posible abuso de atribuciones.

Luego vino la comparecencia del director del SIAPA ante diputados. Ahí no corrigieron el escándalo: lo engordaron. El funcionario reconoció que aún no había entregado el plan de reingeniería prometido, aceptó retrasos, déficit y hasta la posibilidad de deuda para enfrentar el deterioro del sistema. Es decir: una institución con auditorías severas encima, dinero público en crisis, infraestructura colapsada y explicaciones incompletas. Si el nuevo fiscal quería mandar una señal de que su oficina no sería de ornato, ahí tenía una puerta abierta. No se vio que la cruzara públicamente.

El otro expediente que grita es la tarjeta “Al Estilo Jalisco”. Ahí no solo apareció el debate sobre privacidad y datos personales; apareció algo peor: una posible anomalía en la lógica misma de la contratación. El aviso de privacidad de la plataforma de Broxel tenía fecha del 16 de octubre de 2025, mientras que el fallo de la licitación llegó hasta el 31 de octubre. Traducido al castellano: el andamiaje operativo parecía caminar antes de que la empresa ganara formalmente el concurso. Si eso se sostiene documentalmente, no es una torpeza estética. Es una pregunta penal. Más todavía porque el contrato se adjudicó a Servicios Broxel en la licitación pública nacional 690/2025 como único proveedor interesado, bajo el criterio de costo-beneficio. Un solo competidor, un proceso cuestionado y millones de datos ciudadanos entrando a una plataforma privada: ahí también existe materia para que la Fiscalía Anticorrupción fije postura. No la fijó, al menos no de forma visible en este primer mes.

El 19 de febrero, apenas cuatro días después de que asumió, se hizo público que la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías por 80 millones 610 mil pesos en recursos federales ejercidos por el Poder Judicial de Jalisco durante 2024. El reporte habló de irregularidades en el uso del dinero y de observaciones que no eran precisamente una falta de engrapadora. Cuando el dinero público empieza a perderse entre papeles, contratos o comprobaciones endebles, la pregunta penal no tarda: ¿hubo solo desorden o hubo conducta delictiva de servidores públicos? En lo público, no quedó registro de una reacción del fiscal anticorrupción Manzanilla sobre revisar ese ángulo local.

Luego vino otro expediente todavía más incómodo por cercanía.

El 10 de marzo, se reportó que la auditoría de la cuenta pública 2023 del OPD Servicios de Salud Jalisco reveló que medicamentos por 100 millones de pesos fueron desechados por caducidad. La información cita observaciones por 74.99 millones y 33.79 millones y advierte posibles acciones u omisiones atribuibles a responsables del control, administración y destino del medicamento; además derivó en tres promociones de responsabilidad al órgano interno de control. Eso ya no suena a torpeza doméstica. Suena a un asunto que, como mínimo, exigía una definición pública sobre si habrá revisión penal.

Y aquí el dato pesa doble: Manzanilla viene de la estructura jurídica del gobierno estatal y fue director jurídico de la Secretaría de Salud Jalisco. Precisamente por eso, el caso Salud es una prueba de independencia inmediata. No basta con decir que se es honesto; hay que parecerlo con hechos. Y en este primer mes no apareció públicamente un mensaje claro de distancia, apertura de carpetas o explicación técnica sobre competencia.

Y entonces apareció el espejo más incómodo de todos: La Nómina de El Mencho. Al Estilo Jalisco.

El 12 de marzo, El Universal reportó en su portada que documentos hallados en la cabaña en donde se refugiaba El Mencho atribuían pagos a corporaciones estatales: 40 mil pesos a la Estatal de Caminos, 400 mil a la Policía Estatal y 16 mil a la Policía Vial en diciembre de 2025. Y esos pagos, si se acreditan, ya no son solo una nota de seguridad: son posibles actos de cohecho y corrupción de servidores públicos locales.

La misma semana se confirmó otro dato brutal: en Jalisco solo existe una orden de aprehensión local contra El Mencho, ligada al asesinato del exsecretario de Turismo José de Jesús Gallegos Álvarez. La dimensión del dato no está solo en el capo. Está en el Estado. Durante 16 años, Jalisco no solo padeció la violencia del CJNG; también convivió con la sospecha de protección institucional, filtraciones, omisiones y miedo administrativo. Y cuando afloran documentos sobre pagos a policías, la pregunta anticorrupción no es decorativa: ¿quién cobró?, ¿quién protegió?, ¿quién dejó pasar?

Este era el punto donde el fiscal anticorrupción podía empezar a construir algo parecido a una agenda: no la persecución del narco por ser narco, sino la persecución de la red pública que pudo haberlo protegido.

Porque esto sí es suyo.
Esto sí le toca.
Esto sí entra en sus atribuciones marcados en la ley.

Y, sin embargo, el primer mes cerró sin una señal pública sólida de que esa ruta hubiera arrancado.

Spoiler: El problema del primer mes de Manzanilla no es solo que no haya dado resultados visibles, es peor, que en un estado donde la corrupción dejó de ser excepción y parece método, su estreno público se pareció demasiado a lo que Jalisco ya conoce de memoria, mirar el incendio, acomodarse la corbata y patear el bote.