LA CIA vs CJNG y SINALOA

El 28 de marzo, a plena luz del día, en una de las autopistas más transitadas que rodean la Ciudad de México, un vehículo estalló. Adentro murieron Francisco Beltrán, alias "El Payin", presunto mando medio del Cártel de Sinaloa, y su chofer.

Los analistas mexicanos discutieron durante días si aquello había sido una nueva sofisticación de la guerra entre células sinaloenses, una venganza interna, o un ajuste de cuentas particularmente bien ejecutado.

Ningún medio nacional aventuró la respuesta que CNN publicó el 12 de mayo: que la bomba la pusieron operativos de Ground Branch, la unidad paramilitar más secreta de la CIA, y que el atentado es apenas un caso documentable dentro de una campaña encubierta que escaló desde finales de 2025.

La noticia, por sí sola, ya merece todos los titulares. Pero lo que importa de verdad no es el coche bomba. Lo que importa es lo que el coche bomba anuncia. Llámenlo, si quieren, el spoiler de los próximos meses de la guerra antidrogas en México.

El cambio que tardamos en notar

Llevamos cuarenta años creyendo que la cooperación antinarcóticos entre México y Estados Unidos funcionaba así: la DEA comparte inteligencia con unidades vetadas militares, los militares ejecutan, todos guardan las formas y nadie habla de soberanía porque la soberanía está intacta por escrito.

Pero lo que la administración Trump construyó en silencio durante los primeros dieciséis meses de su segundo mandato no es una versión recargada de ese modelo. Es otro modelo completamente.

Tres piezas legales lo sostienen.

Primera: la designación de los principales cárteles mexicanos — Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Nueva Familia Michoacana — como Organizaciones Terroristas Extranjeras al inicio del segundo mandato.

Segunda: una directiva clasificada de octubre de 2025 que amplió formalmente las autoridades de la CIA para conducir acción encubierta letal en América Latina.

Tercera: la creación en enero de 2026 de la Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JIATF-CC), alojada en la base aérea Davis-Monthan de Tucson, comandada por el general de brigada Maurizio Calabrese, que mapea redes de delincuencia organizada a ambos lados de la frontera.

El documento de estrategia antiterrorista que la Casa Blanca publicó la semana pasada cierra la jugada: convierte la "neutralización" de los cárteles en prioridad número uno y autoriza explícitamente la acción unilateral si los gobiernos locales no cooperan o están comprometidos.

Sobre esa arquitectura se montaron tres operaciones que ya no podemos seguir contando como anécdotas aisladas:

El operativo de Tapalpa que mató a Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" el 22 de febrero (con operativos de la CIA en la zona proporcionando inteligencia en tiempo real, apoyo y equipo, aunque no jalaron del gatillo).

La captura el 27 de abril en Nayarit de Audias Flores Silva "El Jardinero", posible sucesor de El Mencho, con inteligencia estadounidense confirmada por las autoridades.

Y la bomba contra Beltrán.

Bajo este contexto destaca la muerte de dos operativos de Ground Branch en un accidente automovilístico en Chihuahua después de una redada a un narcolaboratorio que el gobierno federal mexicano nunca autorizó.

El modelo nuevo se parece menos a la Iniciativa Mérida y más a las campañas de contraterrorismo que Estados Unidos libró contra Al-Qaeda en Yemen, Somalia o el Iraq post-2014.

La diferencia política es decisiva: cuando Washington operó así contra grupos yihadistas, lo hizo en países donde el Estado anfitrión era socio entusiasta o territorio prácticamente sin gobierno. En México, lo está haciendo contra la voluntad expresa de un gobierno federal soberano cuya presidenta sale cada mañana a negar lo que está pasando.

Por qué el CJNG va primero

Sinaloa es el caso emblemático del coche bomba, pero el cártel que más rápido va a sentir las consecuencias del nuevo modelo es el Jalisco Nueva Generación.

La razón es geometría organizacional: el CJNG fue durante quince años el cártel más centralizado de México, construido alrededor de la figura totémica de El Mencho y operado por un círculo familiar estrecho.

Esa centralización, que durante años fue su ventaja competitiva sobre el caótico universo sinaloense, ahora es su talón de Aquiles.

Cuando se decapita una organización plana, los lugartenientes pelean y el negocio sigue.

Cuando se decapita una organización jerárquica, la organización entra en crisis existencial.

El Mencho murió en febrero.

El Jardinero, el sucesor más probable, cayó en abril.

Y hay otro problema para el CJNG: varios de sus hombres clave ya no están en Jalisco.

Están en Estados Unidos.

Rubén Oseguera González "El Menchito" sigue preso en una prisión federal de Virginia.

Armando Gómez Núñez, “Delta 1”, señalado por el Departamento de Justicia como líder de Los Deltas, célula de ejecución y asesinatos del CJNG.

Erick Valencia Salazar, “El 85”, cofundador del CJNG y viejo socio de “El Mencho”, se declaró culpable en abril de 2026 ante una corte federal estadounidense por conspiración de narcotráfico.

Eso cambia el tablero.

Porque en Estados Unidos un capo preso no solo enfrenta condena.

Enfrenta cálculo.

Años de cárcel.

Posibles beneficios.

Presión fiscal.

Abogados negociando.

Y una pregunta simple sobre la mesa:

¿qué sabes y a quién puedes entregar?

La capa siguiente de mandos del CJNG — hermanos, primos, jefes de seguridad históricos del clan Oseguera-González — es perfectamente identificable, perfectamente mapeable, y a partir de ahora perfectamente atacable bajo el nuevo régimen de autoridades letales.

La estrategia, según las fuentes citadas por CNN, ya no es la decapitación clásica que dominó la era de Felipe Calderón; es lo que en la jerga del Pentágono llaman "network dismantling": identificar todos los engranes y romperlos sistemáticamente sin esperar a que se asomen los herederos.

Eso pone tres anillos del CJNG en la mira inmediata.

El primero, el círculo familiar Oseguera-González que opera en Jalisco, Michoacán y Colima.

El segundo, los jefes de plaza regionales en los corredores estratégicos del cártel: Puerto Vallarta, Tepic, Manzanillo, Guanajuato, Veracruz, Quintana Roo, la franja fronteriza.

Son los "El Payin" del CJNG: suficientemente importantes para mover producto y mantener territorio, suficientemente desconocidos para que su muerte no detone titulares internacionales y la deniability se mantenga intacta.

El tercero, la infraestructura financiera y química — los laboratorios de fentanilo y metanfetamina, las redes de precursores chinos que entran por Manzanillo, la maquinaria de lavado en bienes raíces y comercio formal de la zona metropolitana de Guadalajara.

Spoiler: lo que vamos a ver

Que nadie se confunda con el ritmo aparentemente pausado de las primeras revelaciones.

El verano va a ser ruidoso.

Lo más previsible es la replicación del patrón Tecámac en territorio CJNG: explosiones aparentemente inexplicables, "accidentes" en carreteras secundarias, desapariciones súbitas de operadores intermedios, balaceras atribuidas a "rivalidad entre células" cuya autoría real va a ser imposible de confirmar para la prensa mexicana.

La firma del modelo Ground Branch es precisamente esa ambigüedad táctica: incidentes diseñados para que todo mundo se pregunte quién fue y nadie pueda probarlo.

Esperen verlos en Tlaquepaque, Tonalá, Aguascalientes, León, Morelia, Lázaro Cárdenas.

Lo segundo previsible es la fragmentación del CJNG en una constelación de células regionales.

Sin El Mencho, sin El Jardinero, y con presión letal sobre cualquier figura que intente ocupar el vacío, la sucesión limpia no va a ocurrir.

Lo que va a ocurrir es una balcanización: el Grupo Élite, Los Deltas, las células de Michoacán y Guanajuato, los operadores de Veracruz, reclamando autonomía bajo nombres propios.

La paradoja, para Washington, es que matar una jerarquía es más fácil que matar una franquicia. La estrategia del network dismantling produce, casi por diseño, el problema que pretendía resolver.

Lo tercero previsible es la innovación violenta del cártel.

El CJNG ya venía experimentando con drones explosivos, propaganda algorítmica en TikTok y operaciones psicológicas dirigidas.

Bajo presión letal directa esa curva se acelera.

Vamos a ver más drones armados contra fuerzas federales, probablemente intentos contra blancos diplomáticos o de inteligencia estadounidense, y campañas más sofisticadas de coerción digital contra periodistas, alcaldes y jueces en estados clave.

Y Sheinbaum

La presidenta camina sobre una cuerda que se hace más fina cada semana.

Su línea pública es coherente: México no tolera operaciones de fuerzas extranjeras en territorio nacional, y la ley de seguridad nacional de 2020 obliga a cualquier agente extranjero a reportar su ubicación al gobierno federal.

Su línea privada, todo indica, es otra: tolerancia táctica, colaboración selectiva, indignación performativa cuando algo se filtra.

El problema es que la tolerancia táctica requiere que nada salga mal. Cuando — no si — una operación encubierta produzca víctimas civiles mexicanas, o cuando la CIA mate por error a un funcionario local que no estaba en su lista, Morena se va a fracturar internamente entre quienes exijan ruptura con Washington y quienes recuerden que la alternativa que Trump tiene preparada es la fuerza terrestre abierta que él mismo ya anunció en su discurso de la semana pasada.

La acusación del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa, militante de Morena, por conspirar con el Cártel de Sinaloa es el modelo de presión que viene.

Cualquier gobernador de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima o Nayarit puede ser el siguiente nombre en una acusación federal estadounidense, y eso le permite a Langley seguir trabajando con autoridades estatales por encima de las cabezas del gobierno federal mexicano.

Es un federalismo securitario inducido desde Washington que erosiona el monopolio que SEDENA y la Marina tuvieron durante cuatro décadas sobre la relación bilateral antinarcóticos.

La frase clave del documento estratégico publicado esta semana — "actuaremos junto con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces; si no, actuaremos solos" — no es retórica. Es itinerario.

El verdadero Spoiler

Hay una conclusión incómoda al final de todo esto, y la conclusión es que el modelo nuevo probablemente va a "funcionar" en sus propios términos.

Va a haber capos muertos.

Va a haber laboratorios destruidos.

Va a haber detenciones espectaculares.

La administración Trump va a salir cada mes a presumir kilos incautados y nombres tachados de la lista.

El CJNG que conocimos bajo El Mencho dejará de existir como organización unificada antes de que termine el año.

Y eso va a coexistir, con casi total seguridad, con un agravamiento neto de la violencia que padece la sociedad mexicana, con una fragmentación más caótica del mercado, y con la consolidación de un nuevo equilibrio en el que la soberanía operativa mexicana queda subordinada de facto a las decisiones de un task force con sede en Arizona.

Lo que CNN publicó el 12 de mayo no es el escándalo. Es el manual.

La pregunta que define los próximos meses no es si el arreglo de tolerancia tácita aguanta — todo indica que sí —, sino qué quedará del Estado mexicano cuando esta fase termine.

Cuarenta años de prohibicionismo nos enseñaron que la guerra antidrogas no se gana.

Lo que estamos por aprender es cómo se reorganiza un país que dejó de poder librarla solo.