LO QUE SE VE.
La reforma judicial en Jalisco no está atorada por accidente: la Constitución marcó plazos y elección en 2027. Llevarla a 2028 protege control, cuotas, tiempos.
No es que la reforma judicial en Jalisco vaya lenta. Es que la frenan. Y mientras aquí la patean, el Senado emitió la declaratoria el 13 de septiembre y el decreto federal salió el 15.
Ese decreto no dejó margen libre a los estados. Les dio ciento ochenta días naturales para adecuar sus constituciones locales y ordenó que la renovación de cargos judiciales concluyera en la elección ordinaria de 2027.
Por eso el planteamiento de llevar la elección judicial jalisciense hasta 2028 no es un simple ajuste de calendario. Es chocar con el texto constitucional y pedir que la ley se acomode al poder local.
Pablo Lemus lo dijo el 20 de abril: quiere considerar que la renovación del Poder Judicial en Jalisco se aplace a 2028 para evitar injerencia partidista en 2027 y dar certeza a negociaciones comerciales.
Cuatro días antes, al hablar del plan B electoral, el propio gobernador ya había respaldado mover del 2027 al 2028 la elección judicial y pidió a la legislatura federal modificar esa fecha para Jalisco también.
El problema es que en Jalisco no se está discutiendo sólo una fecha. Se está discutiendo quién conserva mano sobre magistraturas, jueces y órganos internos mientras la reforma sigue guardada en el cajón del poder.
Porque cuando una reforma constitucional se patea, nunca se patea sola. Junto con ella sobreviven cuotas, padrinazgos, carreras amarradas y viejos acuerdos de pasillo que no quieren someterse al voto de la gente en 2027.
Y ahí entra lo que se ve no se juzga. Se habla de prudencia, de perfiles y de autonomía, pero el fondo huele a control: preservar influencias antes de abrir tribunales a la ciudadanía local.
La coartada técnica tampoco aguanta demasiado. El propio proyecto local que circuló en 2025 hablaba de personas juzgadoras electas en 2027 y de nuevas directrices para la representación judicial jalisciense que ya estaba sobre mesa.
Por eso la pregunta sigue viva: ¿qué interés hay en empujar todo hasta 2028? Porque si el mandato constitucional marcó plazos, retrasarlo no se llama prudencia. Se llama proteger poder y patear la cuenta pública.