NUEVE SENTENCIAS.
El resultado en Jalisco: nueve sentencias condenatorias por desaparición forzada.
La Fiscalía de Jalisco lo reconoció ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Entre diciembre de 2018 y julio de 2025, recibió cinco mil 225 denuncias por desaparición. De esas, 165 corresponden a desaparición forzada y cinco mil 60 a desapariciones cometidas por particulares.
El resultado: nueve sentencias condenatorias por desaparición forzada.
Nueve.
Menos del 0.2 por ciento de los casos terminó en condena. El 99.8 por ciento quedó sin castigo.
Si se suman las condenas por desaparición cometida por particulares, el total entre 2018 y 2025 llega a 52 sentencias. Contra más de cinco mil denuncias. Contra más de 15,000 personas que no aparecen.
Trescientos cuarenta servidores públicos fueron procesados por desaparición forzada en ese periodo. Policías de 31 municipios. Solo nueve terminaron con condena. Apenas una de cada tres órdenes de aprehensión se cumplimentó.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió en diciembre de 2025 la Recomendación 34/2025. Concentró 63 quejas por la desaparición de 66 personas en 15 municipios. De las víctimas, solo 12 fueron localizadas. Todas sin vida. El organismo documentó "dilación en la integración de las carpetas de investigación, nula acción efectiva de búsqueda y victimización secundaria de los familiares".
México Evalúa reportó cien por ciento de impunidad en desapariciones en Jalisco, según las sentencias emitidas por el Poder Judicial.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo lo resumió así: la impunidad absoluta es un incentivo para cometer nuevas desapariciones. Si desaparecer a alguien no tiene consecuencia ni costo, el delito se reproduce.
Y se reproduce con un Estado que tiene la tecnología para saber exactamente dónde está cada teléfono del estado.
EL DINERO QUE SÍ HABLA
Un contrato de Intellectus para rastrear teléfonos: 28 millones 337 mil pesos.
El presupuesto completo de atención directa a familias de desaparecidos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco: cinco millones de pesos.
Un solo software de espionaje costó cinco veces más que todo lo que el gobierno destinó a atender a las familias de 15,000 personas desaparecidas.
El presupuesto total de la Comisión de Búsqueda en 2022 fue de 39 millones 204 mil pesos. De ese monto, el 75.9 por ciento se fue en sueldos y prestaciones del personal. Quedaron cinco millones para atención a familias. Quedó lo que quedó para buscar.
Mientras tanto, la Fiscalía ejerció 39 millones 805 mil pesos en un solo trimestre de 2023, entre octubre y diciembre, para comprar Intellectus, Geomatrix, Axiom, EnCase, IBM i2 y reconocimiento facial.
Ambos presupuestos salieron de la misma fuente: el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Dinero federal transferido a los estados para seguridad. El mismo fondo pagó los sistemas de rastreo y la búsqueda de los que no aparecen.
A nivel nacional, México destinó el 0.036 por ciento del gasto público a buscar e identificar personas desaparecidas en 2024. Cero punto cero tres seis.
El Estado tiene dinero para vigilar. No tiene dinero para buscar. O elige dónde ponerlo.