PRUEBA DE ESTADO.

La ONU ya puso sobre la mesa lo que en México se ha querido administrar durante años como si fuera una crisis soportable. No lo es. El Comité contra la Desaparición Forzada activó el procedimiento del artículo 34 y pidió que la Asamblea General examine la situación del país. No es un gesto menor ni una llamada de atención rutinaria: es la admisión de que el problema rebasó hace tiempo los márgenes de la normalidad.

Y conviene decirlo con precisión. El Comité no pidió espectáculo político ni condenas en abstracto. Solicitó que se considere cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para fortalecer búsquedas, análisis forense e investigaciones exhaustivas; además, planteó la necesidad de un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proteger a las familias, organizaciones y personas defensoras que buscan a los desaparecidos.

Es decir: la ONU ya no está hablando solamente de observar. Está hablando de ayudar a construir capacidades que el Estado mexicano no ha logrado consolidar por sí mismo. Y el propio Comité aclaró que este procedimiento busca reforzar la respuesta del Estado, proteger a las víctimas y evitar que la situación se deteriore todavía más. Esa aclaración importa mucho, porque desmonta de entrada la caricatura de que se trata de una intromisión caprichosa.

La respuesta oficial, sin embargo, ya dejó ver por dónde puede venir el problema. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó que en México existan desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado. Y ahí aparece la gran pregunta política de este momento: ¿habrá apertura real para construir soluciones o veremos, una vez más, una reacción defensiva que primero niega, luego regatea y al final desacredita?

Porque en una crisis de esta magnitud ya no alcanza con discutir el tono del organismo internacional. Lo que importa es el fondo. Y el fondo es brutal: México sigue sin darle a miles de familias una respuesta suficiente, rápida y confiable sobre el paradero de sus desaparecidos. El país no necesita orgullo burocrático. Necesita resultados.

Jalisco, por desgracia, es parte central de ese retrato. Incluso el dato se volvió un campo de disputa. Un reporte de febrero de 2026 señaló que Jalisco mantenía el primer lugar nacional en desapariciones con más de 16 mil registros; pero en noviembre de 2025 otro corte federal ubicaba al estado en segundo lugar, mientras el registro estatal reportaba 15 mil 983 personas desaparecidas, una cifra que, de ser homologada, lo colocaría por encima de cualquier entidad. Cuando ni siquiera la tragedia logra sostener una sola cifra pública, el mensaje institucional también se rompe.

Y eso es justamente lo que hace indispensable la apertura. Si de verdad hay voluntad política, México tendría que ver en esta intervención internacional una oportunidad para corregir, transparentar y fortalecer lo que no está funcionando. Abrir archivos. Cruzar bases de datos. Robustecer búsquedas. Fortalecer fiscalías y comisiones. Atender el desastre forense. Proteger a las familias y a los colectivos. Dejar de pelear con el diagnóstico y empezar a resolver la enfermedad.

Lo contrario también lo conocemos: cerrar filas, administrar el daño, discutir palabras en lugar de enfrentar hechos, y convertir la crítica internacional en pretexto para la descalificación. Ese camino no resuelve nada. Solo agrava la desconfianza y prolonga el dolor de quienes llevan años buscando donde el Estado no encontró, no quiso encontrar o encontró demasiado tarde.

Por eso esta no es solo una prueba para la ONU. Es, sobre todo, una prueba para el Estado mexicano. La prueba de si está dispuesto a aceptar ayuda, escrutinio y verdad en un tema donde la simulación ya no cabe. La prueba de si entiende que la soberanía no se defiende ocultando la crisis, sino demostrando que existe capacidad real para enfrentarla.

México está frente a una decisión moral y política. Abrirse de verdad, o volver a encerrarse en su viejo reflejo de negar lo evidente. En un país atravesado por las desapariciones, la diferencia entre una ruta y la otra no es discursiva. Es la diferencia entre empezar a resolver el horror, o seguirlo normalizando.