QUIÉN BUSCA DE VERDAD.
Las fosas las encuentran colectivos de madres, no algoritmos.
Los indicios del Rancho Izaguirre los encontraron las Guerreras Buscadoras de Jalisco. La fosa de Las Agujas la encontraron albañiles. Las fosas de Tlajomulco las señalaron llamadas anónimas. Las de Puerto Vallarta las localizó el colectivo Una Luz para los Desaparecidos de Vallarta.
Amnistía Internacional lo documentó en marzo de 2025: las buscadoras han logrado ubicar centenares de cuerpos. Las personas con familiares desaparecidos acuden a ellas en lugar de acercarse a las autoridades. El Estado mexicano ha sido "el gran ausente" en el problema de la desaparición.
El Comité Universitario de Análisis de la Universidad de Guadalajara señaló que el incremento de desapariciones de adolescentes y jóvenes está vinculado al reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. En 2025, entre enero y abril, desaparecieron mil 123 personas en Jalisco. De esas, 621 seguían sin ser localizadas. Los jóvenes de 15 a 19 años se convirtieron en el grupo más afectado: 122 casos, 48 más que el año anterior.
El cártel recluta jóvenes por redes sociales. Los cita en centrales camioneras. Los lleva a ranchos como Izaguirre. Los entrena, los usa, los desecha.
El gobierno tiene software de análisis de redes sociales, herramientas OSINT para rastrear la deep web y la dark web, y plataformas de reconocimiento facial. Todo comprado. Todo pagado. Todo instalado.
Y el reclutamiento continúa.
LO QUE VIGILAN SÍ
En paralelo a los contratos de vigilancia, la Secretaría General de Gobierno de Jalisco llevó una bitácora de monitoreo político. Del primero de enero de 2018 al 20 de junio de 2024, el gobierno registró tres mil 929 marchas y manifestaciones. Cada una con ruta, convocantes, archivo fotográfico y de video.
El dato está documentado en las solicitudes de transparencia con folios UT/OAST-SGG/0599/2024 y UT/OAST-SGG/2255-07/2024, reveladas por ZonaDocs y Pie de Página en su investigación "Vigilad@s".
Tres mil 929 marchas vigiladas. Muchas de ellas convocadas por colectivos de familias de desaparecidos. Las mismas familias a las que el Estado no ha dado resultados.
Cuando se cruza ese dato con la adquisición de SecurOS Premium y sus módulos de reconocimiento facial, la ecuación se completa. El Estado no solo sabe que marchaste. Puede saber quién eres.
Sabe quién protesta. No sabe quién desaparece. O sí sabe, y eso es peor.
LA MENTIRA DOBLE
En mayo de 2024, la Unidad de Transparencia del gobierno de Jalisco afirmó que el sistema Geomatrix "únicamente fue utilizada durante el año 2020" por la Comisión de Búsqueda de Personas. Además, declaró que "no se utiliza otro tipo de programas o software con el que mantenga tecnologías de vigilancia".
El contrato CMT-CTO 757/23, firmado cinco meses antes de esa respuesta, documenta el pago de siete millones 355 mil pesos a RAMIR por la licencia de Geomatrix 2.0 con capacidades ampliadas.
Mintieron.
Pero la mentira tiene una segunda capa. Si Geomatrix se usó en 2020 a través de la Comisión de Búsqueda de Personas, como el propio gobierno declaró, entonces la tecnología de geolocalización sí se aplicó al menos una vez al tema de desaparecidos. ¿Cuántas consultas se hicieron? ¿A cuántas personas localizaron? ¿Con qué resultados?
No hay registro público. No hay bitácoras de operación. No hay auditoría independiente.
El gobierno compra la herramienta. Niega tenerla. Dice que la usó para buscar desaparecidos. No muestra resultados. Y vuelve a comprar una versión más potente.