REFORMA JUDICIAL: CONSERVAR EL CONTROL.

Jalisco no está llegando tarde por descuido. Está llegando tarde por decisión. La reforma judicial federal marcó tiempos claros para armonizar, pero en el estado se optó por dejar correr el reloj.

El plazo no era simbólico. La Constitución estableció ciento ochenta días para que los estados adecuaran sus marcos legales. Ese tiempo se agotó y Jalisco no cumplió con esa obligación constitucional.

Ese incumplimiento no es menor. Significa que hoy existe un desfase entre lo que ordena la Constitución federal y lo que sigue vigente en el marco jurídico local del estado de Jalisco.

Ese desfase abre una primera consecuencia: la incertidumbre jurídica. Las normas locales que no se ajusten a la reforma pueden ser impugnadas por inconstitucionales en tribunales federales.

No es teoría. Cualquier litigio relevante puede terminar cuestionando la validez de decisiones tomadas bajo un sistema que no ha sido actualizado conforme al nuevo marco constitucional vigente.

Segunda consecuencia: la judicialización del propio sistema. En lugar de una transición ordenada, el estado se expone a una ola de amparos y controversias que pueden paralizar decisiones clave.

Tercera consecuencia: debilitamiento institucional. Cuando un estado no cumple en tiempo con la Constitución, envía el mensaje de que la norma suprema puede negociarse o postergarse según conveniencia política.

Y luego viene el segundo movimiento. No sólo se incumple el plazo. Ahora se plantea abiertamente que la elección judicial local se lleve hasta el año 2028.

Ese planteamiento rompe directamente con el calendario constitucional que prevé la renovación judicial en 2027. No es un ajuste técnico. Es una redefinición política de los tiempos legales.

¿Quién gana con eso? La respuesta es incómoda, pero clara. Ganan quienes hoy ocupan espacios dentro del Poder Judicial y quienes tienen capacidad de influir en sus decisiones.

Cada año de retraso es un año más de continuidad. Un año más de control sobre nombramientos, resoluciones y equilibrios internos que no se someten todavía a un nuevo esquema.

También ganan quienes operan políticamente ese sistema. Porque mantener intacto el Poder Judicial implica conservar un margen de maniobra clave frente a conflictos legales y decisiones de alto impacto.

¿Quién pierde? Pierde la ciudadanía. Pierde la certeza jurídica. Pierde la posibilidad de tener un sistema judicial renovado bajo reglas más claras y con mayor legitimidad democrática.

Al final, el argumento de la prudencia se cae por su propio peso. No es prudencia incumplir la Constitución. No es prudencia postergar lo obligatorio. No es prudencia cambiar las reglas a conveniencia.

Es control.

Y la pregunta que queda es la más importante: ¿hasta cuándo se va a sostener ese control antes de que tenga un costo real para el estado?