ROMPER EL SILENCIO.

El caso de Naasón Joaquín García no es un expediente lejano. No es un escándalo religioso que ocurrió fuera de México. Es una herida que también pasa por Jalisco.

Y debe investigarse aquí.

Naasón, líder de La Luz del Mundo, fue sentenciado en California a 16 años y 8 meses de prisión tras declararse culpable de delitos sexuales contra menores; además, quedó obligado a registrarse como agresor sexual de por vida.

Ese dato no es menor.

Porque durante años, muchas víctimas fueron señaladas, ignoradas o reducidas al silencio. Y cuando una víctima calla, casi nunca calla por gusto. Calla por miedo. Por presión. Por vergüenza inducida.

O por falta de Estado.

Hoy el mensaje debe ser claro: no puede haber impunidad cuando se habla de abuso sexual, trata de personas, explotación infantil o encubrimiento. Mucho menos cuando existen estructuras de poder detrás.

En septiembre de 2025, autoridades federales de Estados Unidos presentaron una acusación formal contra Naasón y otras personas por presuntos delitos de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil vinculados a integrantes de La Luz del Mundo.

La acusación estadounidense sostiene que, durante décadas, se habría usado la doctrina, la estructura y los recursos de la iglesia para amenazar, coaccionar y abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres. También señala presuntos delitos financieros y destrucción de pruebas.

Hay que decirlo con cuidado jurídico.

Una cosa es la condena ya dictada en California. Otra, las investigaciones y acusaciones pendientes. Pero lo que no puede hacer México es cerrar los ojos frente a hechos de semejante gravedad.

Menos cuando un juez federal en Jalisco revocó la decisión de la FGR de no ejercer acción penal y ordenó reabrir la investigación en México contra Naasón Joaquín y La Luz del Mundo.

Esa reapertura abre una puerta.

Y esa puerta no solo debe servir para revisar los delitos sexuales denunciados. También debe servir para saber si existió una red de protección política, económica, social o institucional.

Porque una organización con ese nivel de influencia no opera en el vacío.

Si hubo abusos, alguien los permitió. Si hubo víctimas, alguien no las escuchó. Si hubo denuncias, alguien decidió archivarlas. Si hubo poder, alguien lo administró desde las sombras.

Y aquí surge la pregunta incómoda.

¿Hasta dónde puede llegar una investigación seria en México? ¿A la cúpula religiosa? ¿A operadores internos? ¿A funcionarios omisos? ¿A personajes políticos que durante años se acercaron por conveniencia?

No se trata de atacar una fe.

Se trata de proteger personas. Se trata de distinguir entre libertad religiosa y abuso de poder. Se trata de decir que ninguna investidura espiritual puede estar por encima de la ley.

Las víctimas tienen hoy una oportunidad para denunciar. Pero también la sociedad tiene una responsabilidad: dejar de normalizar el silencio cuando el poder se disfraza de santidad.

La justicia no se construye mirando hacia otro lado.

Se construye escuchando. Investigando. Acompañando a las víctimas. Exigiendo a las autoridades que no vuelvan a usar el archivo como tumba de la verdad.

El tiempo dirá hasta dónde llega esta investigación.

Pero desde ahora podemos decir algo: si México vuelve a callar, ya no será por falta de información. Será por falta de voluntad.

Y ante eso, la pregunta para la comunidad es directa:

¿Qué debe hacer el Estado mexicano para garantizar que ninguna víctima de abuso sexual, trata o explotación vuelva a quedarse sola frente a una estructura de poder?