SIAPA CORRUPTO.

En Jalisco nos hemos malacostumbrado a una vieja simulación: cuando algo no funciona, se tumba la cabeza, se nombra relevo, se toma la foto y se pretende que el problema quedó resuelto. Con el SIAPA no puede volver a pasar eso.

La destitución de Antonio Juárez Trueba era necesaria. El propio gobernador Pablo Lemus explicó su salida por omisiones frente a la crisis del organismo, en especial por no atender con urgencia problemas tan graves como la mala calidad del agua. Pero relevar no es limpiar. Y si todo termina ahí, entonces no hubo corrección: hubo administración del escándalo.

No estamos hablando de una falla menor. El SIAPA arrastra una crisis estructural que ya no se puede disfrazar con discursos técnicos ni con cambios de escritorio. La red está deteriorada, la ciudadanía padece agua de mala calidad y el organismo carga además con una desconfianza pública alimentada por opacidad, omisiones y decisiones difícilmente defendibles.

Uno de los casos que mejor retrata esa podredumbre es el de Eli Castro. Ahí no hubo solo ruido mediático. El Órgano Interno de Control del SIAPA concluyó que Antonio Juárez Trueba incurrió en una falta grave por abuso de funciones al contratar a Elizabeth Margarita Castro Cárdenas como asesora técnica sin tener experiencia para el cargo. En la misma resolución también se señaló al director de Administración, Carlos Alberto Patiño Velázquez, y al subdirector de Recursos Humanos, Russel Rubén Ruvalcaba Guerra, además de establecer que la propia Elizabeth Castro incurrió en falta grave por presunto uso de información falsa y simulación del cumplimiento de requisitos administrativos.

Más todavía: la Contraloría de Jalisco confirmó que el SIAPA sí tenía manuales de puestos actualizados y que, aun así, Eli Castro fue contratada sin cumplir el perfil requerido. Es decir, no se trató de un vacío normativo ni de una zona gris. Había reglas. Había perfiles. Había criterios. Y aun así se tomó la decisión.

Por eso yo no compro la idea de que todo se arregla con la salida de Juárez Trueba. Si el gobierno de Jalisco quiere dar una señal real de cambio, tiene que mandar un mensaje más duro y más claro: cuando algo no funciona, además de destituir, se sanciona.

A estas alturas, el caso de Eli Castro ya tendría que estar empujado con toda seriedad ante un juez. En noviembre de 2025, la Fiscalía Anticorrupción dijo que veía en ese expediente un hecho que sí podía constituir delito y que buscaba judicializarlo antes de febrero. En febrero de 2026, el entonces fiscal confirmó que la investigación inicial por presunto peculado ya estaba concluida y que el avance se frenó porque la señalada no acudió a la diligencia previa de lectura de derechos. El punto es gravísimo: no estamos frente a un asunto inexistente, sino frente a un caso que ya había sido caminado institucionalmente y que no puede quedar congelado en el limbo burocrático.

Y aquí es donde la discusión deja de ser administrativa para volverse política. Porque si de verdad se quiere demostrar que esta administración no vino solo a cambiar nombres, entonces debe sentar en el banquillo de los acusados, al menos, a quienes ya aparecen en el centro de este entramado: Eli Castro, Antonio Juárez Trueba y todos los funcionarios que permitieron esa contratación irregular.

Yo iría más lejos. También el contralor interno del organismo debe responder por el presunto silencio administrativo que permitió que un caso de esta magnitud creciera entre evasivas, trámites y tiempos muertos. Si algo ha destruido la confianza pública no ha sido solamente la mala decisión inicial, sino la cadena de tolerancias que vino después.

Porque eso es justamente lo que más indigna: mientras la gente abría la llave y recibía agua turbia, mientras colonias enteras reclamaban desabasto y mientras el SIAPA acumulaba descrédito, adentro del organismo se movían piezas como si el problema central no fuera el servicio, sino la protección de los suyos.

La destitución de Juárez Trueba, por sí sola, no limpia nada. Apenas abre una puerta. Lo verdaderamente importante es lo que sigue. Y lo que sigue, si de verdad quieren que les creamos, no es otro discurso de reingeniería ni otro funcionario prometiendo ahora sí resultados. Lo que sigue son sanciones.

Porque en Jalisco ya estuvo bueno de que el castigo máximo por fallarle a la gente sea cambiar de oficina. Si el SIAPA se convirtió en símbolo de desorden, opacidad y privilegios, entonces también tendría que convertirse en ejemplo de algo que aquí casi nunca vemos: que un funcionario que falla, y que además incurre en irregularidades, no solo se va. También responde.