SUBSIDIO OPACO.

El subsidio al transporte público en Jalisco se vende como apoyo a la ciudadanía. Y en parte lo es. Nadie puede negar que millones de personas necesitan un transporte más barato para moverse todos los días.

Pero el problema empieza cuando el subsidio deja de verse como política pública y empieza a parecer una caja negra.

Porque no estamos hablando de monedas. Estamos hablando de cientos y miles de millones de pesos que salen del dinero público y terminan sosteniendo el sistema de transporte.

El apunte central es claro: la discusión ya no puede quedarse en cuánto paga el usuario, sino en quién recibe el subsidio, qué rutas son más beneficiadas y quiénes están detrás de esas empresas.

La actualización más reciente confirma el tamaño del asunto. La Secretaría de Transporte informó que durante 2025 se destinaron mil 69 millones 95 mil 992 pesos al apoyo de usuarios del transporte, con lo que se subsidiaron 302 millones 177 mil 425 viajes. También reportó 70 millones 419 mil pesos para renovar 122 unidades.

Suena bien.

Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿esa información alcanza para saber si el dinero se reparte de manera justa, transparente y útil para la gente?

No basta decir que hubo subsidio. No basta decir que hubo auditoría. No basta decir que se apoyaron millones de viajes. Lo que se necesita saber es cómo se distribuyó ese dinero por ruta, empresa, concesión y operador.

Porque ahí está el detalle.

En 2024, NTR documentó que la Setran reservó información sobre las empresas beneficiadas con recursos del subsidio a la tarifa. En julio de ese año, el fideicomiso dispersó 51.2 millones de pesos, pero la base entregada ocultó nombres de empresas y rutas.

Y si una empresa recibe recursos públicos, la ciudadanía tiene derecho a saberlo.

Más aún cuando la propia Ley de Transparencia de Jalisco contempla como pública la información de personas físicas o jurídicas que reciben recursos públicos o realizan actos de autoridad, según el mismo análisis citado por NTR.

El asunto se volvió más delicado con la tarifa de 2026.

Primero se habló de una tarifa técnica de 14 pesos y de un subsidio para que el usuario pagara 11. Después, ante la presión pública, el Gobierno de Jalisco anunció que desde el 1 de abril todos pagarían 11 pesos, sin importar si usan tarjeta, efectivo u otro método.

Pero también ahí apareció otra grieta.

El gobernador habló de una bolsa de mil 200 millones de pesos para el subsidio. Sin embargo, UDGTV documentó que en el presupuesto 2026 la Secretaría de Hacienda contempló 777 millones 373 mil pesos, apenas el 64 por ciento de lo anunciado.

Entonces la pregunta es obligada: ¿de dónde saldrá el resto?

Y otra más incómoda: si el subsidio se paga con dinero público, ¿por qué no se publica de forma clara, sencilla y mensual quién recibe, cuánto recibe, por qué lo recibe y qué mejora concreta debe entregar a cambio?

Porque la ciudadanía pierde por varios frentes.

Pierde cuando paga más pasaje. Pierde cuando sus impuestos cubren subsidios mal explicados. Pierde cuando el servicio no mejora. Pierde cuando sigue esperando camiones llenos, tardados, inseguros o sin frecuencia suficiente.

También pierde cuando se recortan o limitan apoyos sociales directos. En 2025, NTR reportó que el programa Mi Pasaje, ahora Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, bajó de 445.1 millones de pesos en 2019 a 164.9 millones para 2025, aunque incorporó nuevos grupos beneficiarios.

Ahí está la contradicción.

Por un lado, se destinan grandes bolsas al sistema. Por otro, los apoyos directos a sectores vulnerables parecen insuficientes frente a la necesidad real de la población.

Y en medio de todo, la ciudadanía sigue sin conocer el mapa completo del dinero.

¿Hay rutas más favorecidas que otras? ¿Hay empresas que concentran apoyos? ¿Hay políticos, exservidores públicos o funcionarios con intereses dentro del negocio del transporte? No se puede afirmar sin documentos. Pero sí se debe preguntar.

Y se debe investigar.

Porque donde hay subsidio público debe haber luz pública.

El transporte no puede seguir funcionando como un pacto entre gobierno y empresarios, mientras la gente solo aparece al final de la ecuación para pagar, esperar y aguantar.

Si el subsidio es para proteger al usuario, que se demuestre.

Con datos abiertos. Con padrones claros. Con nombres de beneficiarios. Con rutas identificadas. Con montos mensuales. Con obligaciones verificables. Con sanciones cuando el servicio no mejore.

De lo contrario, el subsidio no será una política social.

Será un cheque público con ventanas cerradas.

Y Jalisco ya no está para pagar cajas negras.